Victoria Villarruel ganó protagonismo al convertirse en la llave que permitió al presidente Javier Milei estar a un paso de contar con la sanción de las leyes de Bases y Paquete Fiscal, que fueron debatidas el pasado miércoles en el Senado. Ese día, las fuerzas de seguridad implementaron un plan represivo para impedir que organizaciones sociales, sindicales y políticas siguieran ingresando a la Plaza del Congreso. Entusiasmada, la vicepresidenta fue un paso más allá y se presentó como querellante en la causa que investiga la jueza María Romilda Servini por los presuntos destrozos realizados por los manifestantes, lo que, según la vicepresidenta, constituye un intento de golpe de Estado. . El juez lo aceptó.
La vicepresidenta, a quien en los pasillos del Senado es llamada la “videlita” por el genocida Jorge Videla y a quien admira y defiende desde hace décadas, rápidamente se sumó a la maniobra legal de acusar a los detenidos de aplicar prácticas terroristas y buscar un “ golpe de Estado.” En su escrito hizo referencia a un “ataque a la democracia”.
En su exposición, la vicepresidenta pidió ser considerada demandante porque consideró que los manifestantes habían dañado el edificio del Congreso, pero también aseguró que el motivo de los disturbios fue impedir la continuidad de la sesión que se desarrolla en el Senado. Algo que era materialmente imposible porque el Congreso se encontraba vallado desde el día anterior, martes 11 de junio, y con una presencia de miembros de las fuerzas de seguridad que, según informes, superaba los 1.500 efectivos. Todo esto sin contar los carros hidrantes y los motorizados del Federal y de la Prefectura.
El presunto ataque al edificio del Congreso en realidad, según el documento presentado, fue en el anexo de la Cámara Alta y que es la antigua sede de la Caja de Ahorros, ubicada en la calle Hipólito Yrigoyen frente a la Plaza del Congreso. Allí se produjo el sospechoso ataque al celular de la emisora cordobesa Cadena 3.
En la carta, Villarruel denuncia que detrás de la protesta había la intención de “aterrorizar” a la población, provocar un “golpe de Estado” y poner fin a la sesión. Todo en teoría y alineado con las declaraciones que habían lanzado la noche del miércoles el presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y muchos otros funcionarios, quienes buscaron instalar la idea de que la represión había sido la única manera de evitar “el terrorismo”.
Según el gobierno porteño, el costo de reparar los daños asciende a 278 millones de pesos. Lo que no se informó es el número de efectivos que la Policía de la Ciudad aportó a los cuatro cuerpos de seguridad nacional que participaron en el operativo. Por ahora solo se sabe que eran 1.500 uniformados y un número indeterminado de los que iban vestidos de civil.
Durante la sesión y mientras los efectivos golpeaban con palos, balas de goma y gas pimienta a los manifestantes, entre los que se encontraba un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria, el senador Wado de Pedro presentó una moción de orden para bajar a la plaza e intentar detener la represión. Villarruel luchó ruidosamente para impedir que se votara la moción. Consideró que la solicitud estaba en línea con la intención de la calle de derribar la sesión.
