En una carta dirigida al ministro de Desarrollo Económico provincial, Guillermo Bernaudo, 61 organizaciones no gubernamentales solicitaron “la suspensión de la caza por 5 años” de especies nativas -especialmente en cotos- “hasta que existan estudios confiables y participativos sobre aves y plomo”. contaminación causada por la caza”. En este orden, recuerdan los fallos de la Justicia que han declarado nulas e inconstitucionales las resoluciones que habilitan la caza en las dos últimas temporadas. También consideran “el rechazo abrumador a este tipo de prácticas por parte de la gran mayoría de la sociedad entrerriana”. En la carta – según el portal era verde– solicitar una audiencia formal para expresar la “postura frente a la política de caza irresponsable” que se llevó a cabo en las administraciones pasadas.
La carta enviada a autoridades gubernamentales para suspender la caza menor fue dada a conocer este 3 de mayo. Está firmada por el Foro Ecológico de Paraná, el Cebtri para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas), Ecoguay, Ayuda Animal, Conciencia Animal y el Instituto de Derecho del Colegio de Abogados de Entre Ríos, entre otros. También se suman reconocidas instituciones animalistas y ambientales de toda Argentina y Uruguay, entre ellas Fundación Azara, Fundación Cullunche, Pumakawa, Fundación Hábitat y Desarrollo, Coendú de Uruguay, Pájaros Caídos y Asociación por la Justicia Ambiental.
Se da a conocer el pedido público de las entidades ante lo que sería la inminente apertura de la temporada de caza en Entre Ríos. Los indicios que sugieren que la resolución oficial es casi un hecho están dados por las audiencias públicas que se han convocado para dar a conocer estudios poblacionales de patos que han sido encargados por organizaciones procaza y que han sido cuestionados por las mismas. porque está sesgado y el proceso de trabajo no ha sido participativo.
Apostar
En la nota presentada al Ministro Bernaudo se señala que los estudios biológicos citados como sustento de las regulaciones que han permitido la caza son incompletos, y que esto es lo que ha llevado al Departamento de Justicia a declarar las resoluciones de la Dirección de Recursos Naturales, Se encontró que los números 1.099/22 y 088/23 son “violatorios de tratados internacionales” como el Acuerdo de Escazú y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Se sostuvo que, además, “la caza atenta contra el patrimonio natural de todos los entrerrianos”.
El texto también señala “el rechazo abrumador de la gran mayoría de la sociedad entrerriana hacia la caza de animales autóctonos, uno de los temas que mencionó la Justicia en el fallo de 2023 es la falta total de instancias participativas de diálogo, debate y consenso propiciadas por el Estado y previo a tomar una decisión, tema al que también se refirieron ambos magistrados en las sentencias mencionadas”, afirmó. el portal Era Verde.
Precisamente en los puntos específicos del requerimiento se plantea la necesidad de abrir “instancias de diálogo, debate y toma de decisiones a todas aquellas instituciones interesadas en el tema”; e “invitar a instituciones ambientales y animales a participar en el muestreo de poblaciones de anátidas y tinámidas, y poner a su disposición las metodologías utilizadas para realizar el mismo”.
Respecto de este último aspecto, las organizaciones señalan que “tanto los estudios poblacionales como los referidos a la contaminación por plomo deben ser realizados por universidades y/o equipos técnicos con experiencia en la materia, en conjunto con el Estado provincial, y no por organizaciones con evidentes intereses en la habilitación de la caza, como la Cámara Argentina de Turismo Cazador y Conservacionismo (CATCyC) y otras entidades cinegéticas”.
Finalmente, el escrito solicita una audiencia a fin de dar a conocer la “postura frente a la política cinegética irresponsable llevada a cabo en los últimos años por los organismos que tienen a su cargo el manejo de la vida silvestre en la Provincia”. , que no han considerado en lo más mínimo la protección y conservación del patrimonio natural entrerriano ni la participación ciudadana”.
Se envía nota al Ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo
