Finalmente, se aplazó la eliminación de los subsidios a las tarifas de luz y gas que el Gobierno planeaba implementar en mayo. El motivo corresponde a un retraso en el cruce de datos que se necesita para determinar los hogares a los que corresponderá la asistencia.
La idea del Gobierno es subsidiar la demanda. Para ello, se busca elaborar la Canasta Energética Básica (CBE), que contemplaría las necesidades básicas de consumo de electricidad y gas de los hogares, para cada mes del año, según su ubicación geográfica.
Ahora la formación del CBE y la correspondiente eliminación de subsidios está prevista para junio o julio. De esta forma, el Gobierno aplaza los recortes en un área cuyos gastos rondan entre los 2.500 y los 3.000 millones de dólares.
Los compromisos que el Gobierno estableció con el FMI implican un aumento del 200% para las tarifas eléctricas y del 150% para las tarifas del gas. El horizonte era llegar a abril con billetes que cubran la tarifa completa, a excepción de los hogares vulnerables, donde se prevé mantener un porcentaje del subsidio.
La puesta a punto que debe hacer el Ministerio de Economía en coordinación con la Jefatura de Gabinete para determinar quién recibe el subsidio y quién no requiere ciertos retrasos en la aplicación del ajuste.
Hasta ahora, siete de cada diez usuarios siguen pagando menos del 10% de lo que valen los servicios. Por ahora, sólo se optó por gravar con el ajuste a los hogares, empresas e industrias de altos ingresos.
El aplazamiento complica el camino trazado para reducir el déficit fiscal, por el que Milei y Caputo están firmemente comprometidos. Para obtener el superávit, lo más probable es que tengan que recurrir a métodos extremadamente discrecionales en los próximos meses. Durante los meses de enero y febrero, el Gobierno decidió no pagarle a Cammesa, la empresa distribuidora de energía, para lograr el superávit financiero mensual.
