Dos grupos de accionistas, privados sin compensación de sus acciones en el antiguo Banco Nacional de Malta cuando éste fue absorbido por el gobierno en 1974, recibieron un total de más de 111 millones de euros como compensación material por la violación de sus derechos fundamentales.
Dos sentencias dictadas el martes pusieron fin a la larga saga sobre la controvertida adquisición, con varios de los accionistas originales ahora representados ante los tribunales por sus herederos.
Los dos casos, presentados en 1992 por un total de 82 solicitantes originales, giraban en torno a la saga que comenzó en diciembre de 1973 cuando el entonces Primer Ministro Dom Mintoff informó al Parlamento sobre la situación del Banco Nacional de Malta.
También habló sobre los planes para adquirir el banco, explicando que un representante del mismo banco había sugerido el camino a seguir.
Una semana más tarde, el 12 de diciembre de 1973, la administración del Banco Nacional y del Banco Tagliaferro fue asumida “temporalmente” por un consejo de administración.
En marzo de 1974, los activos y deudas de NBM fueron transferidos al Bank of Valletta Limited mediante escritura pública publicada por el notario Maurice Gambin.
Los 82 solicitantes se encontraban entre los accionistas que optaron por no firmar un acuerdo para transferir sus acciones al gobierno sin pago.
Dieciocho años después de esa transferencia, llevaron sus quejas a los tribunales, alegando que su derecho fundamental al disfrute pacífico de su propiedad fue violado mediante la adquisición por la cual no recibieron ninguna compensación.
Los dos casos presentados por 33 y 49 demandantes respectivamente, avanzaron en línea paralela ante la Primera Sala del Tribunal Civil en su jurisdicción constitucional.
Al dictar sentencia el martes, el juez Joseph R. Micallef no aceptó la solicitud de los demandantes de revocar los instrumentos legislativos mediante los cuales se llevó a cabo la adquisición.
Tal revocación no haría retroceder el tiempo, ya que desde entonces todos los activos de NBM habían sido transferidos al BOV.
Además, no se presentó ninguna prueba que demostrara que esas leyes se promulgaron en violación de la Constitución o mediante el incumplimiento de normas legales.
Los demandantes tampoco aportaron pruebas sobre el estado actual de su empresa.
En un pronunciamiento anterior del Tribunal Constitucional, la intervención legislativa de hace cincuenta años se consideró “útil y necesaria dadas las circunstancias” del momento.
Al evaluar qué remedio debía interponer, el tribunal había solicitado la opinión de expertos en la materia.
Sin embargo, lamentablemente las partes habían dedicado “un tiempo considerable” a discutir sobre los expertos propuestos por ambas partes, señaló el juez.
E incluso cuando finalmente se pusieron de acuerdo sobre los expertos, más tarde “criticaron duramente” el trabajo y las conclusiones de esos expertos.
El tribunal declaró que se habían vulnerado los derechos fundamentales de los accionistas, afirmando que declarar la vulneración no era un remedio suficiente.
Por lo tanto, procedió a liquidar una indemnización material por dicho incumplimiento tras tomar nota de varios factores, entre ellos el lapso de 18 años entre la toma de control y la presentación de las demandas judiciales, lo que aparentemente indicaría que los accionistas “toleraron en cierta medida el incumplimiento”.
Una vez considerado todo, el tribunal desestimó su solicitud de indemnización por daños morales, limitándose a la indemnización material pagadera por el Primer Ministro y el Ministro de Finanzas como demandados.
Así, 33 demandantes recibieron 44.737.100 euros, mientras que 49 demandantes obtuvieron 66.427.800 euros más intereses legales al tipo del 8% a partir de la fecha de la sentencia.
