Según la condena, el exjuez Ricaurte, entre 2013 y 2016, aprovechó su poder dentro del alto tribunal para acomodar decisiones judiciales y favorecer en procesos penales a los excongresistas Musa Besaile, Álvaro Ashton y el exgobernador Juan Carlos Abadía, entre otros.
Ricaurte presentó un recurso de apelación contra la pena impuesta en su contra, que deberá ser resuelto por la Sala Penal de la Corte, integrada por nueve jueces.
Y aquí viene lo interesante: resulta que cuatro de esos magistrados acaban de ser apartados de conocer este caso por los impedimentos que tienen. Mire: La jueza Myriam Ávila Roldán no podrá conocer el caso porque actuó como fiscal en las investigaciones que llevó a cabo la Comisión de Acusación en el cartel de la toga.
El juez Fernando Bolaños reemplazó al juez Gustavo Malo, condenado por el cartel, y votó en el proceso contra dos de los vinculados al caso del cartel de la toga: el exfiscal Luis Gustavo Moreno y el exparlamentario Álvaro Ashton.
El magistrado Diego Corredor participó como conjuez en una decisión contra el exmagistrado Gustavo Malo, también vinculado al caso cartel de la toga, y el magistrado Luis Antonio Hernández investigó a los exparlamentarios Musa Besaile y Álvaro Ashton, vinculados a toda esta trama.
Ahora, la Corte deberá nombrar cuatro cojueces para conocer el caso y tomar una decisión junto con los otros cinco jueces que no están impedidos para conocer este asunto.
