Del mismo modo, el ministerio ha enviado un requisito independiente a Aragón porque es el único territorio que no ha facilitado ningún dato.
De esta manera, el ministerio continúa con el procesamiento normativo de esta ley de decretos reales para la recepción de solidaridad que prioriza los derechos de la infancia y no deja atrás ningún territorio, después de su validación en el Congreso de Diputados el 11 de abril.
La recopilación de los datos solicitados servirá para calcular la capacidad ordinaria de los sistemas de recepción de las diferentes comunidades autónomas, un paso antes de la ejecución del plan de respuesta de solidaridad en la situación de la extraordinaria contingencia migratoria para la infancia y la adolescencia migrantes no acompañadas.
El Ministro de juventud e Infancia, Sira Rego, ha pedido “altura del país” a las comunidades autónomas que aún no han enviado los datos y ha solicitado su colaboración: “El Ministerio busca dar una solución urgente a la situación de los niños migrantes en las Islas Canarias y Ceuta, por lo que no hay razón para no facilitar estos datos”.
Procesamiento urgente del decreto de desarrollo Real
Además, el Consejo de Ministros aprobó hoy el acuerdo autorizado por el proceso administrativo urgente del Decreto Real que será desarrollado por el Royal Decree-Law 2/2025. Con esta decisión, el ejecutivo reafirma su compromiso con la infancia migrante, priorizando su protección a través de un sistema efectivo, coordinado y ágil.
La aprobación del procesamiento implica la implementación de los mecanismos subsidiarios previstos en la ley del Decreto Real para su solicitud completa. Entre estos mecanismos se encuentra el decreto de desarrollo antes mencionado, que establecerá las acciones necesarias en un protocolo y con garantías.
La urgencia de este proceso se basa tanto en la saturación actual de varios sistemas de protección regional como en la necesidad de cumplir con los plazos marcados por la propia ley del decreto real, lo que requiere completar las reubicaciones necesarias dentro de un período máximo de un año desde su entrada en vigor.
El Ministro de Juventud e Infancia, Sira Rego. (Pool Moncloa, imagen de archivo)
