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El Ministerio de Justicia, que dirige Mariano Cúneo Libarona, ratificó este sábado el compromiso del gobierno de Javier Milei con la causa AMIA y anunció que enviará al Congreso una ley para juzgar a los terroristas, aunque se desconozca su paradero. Esto ocurre dos meses después de un fallo de Casación que determinó que el ataque a la asociación en 1994 fue realizado por la organización terrorista. Hezbolá un día desde el Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena a Argentina por no haber adoptado medidas razonables para evitar el ataque.
A través de un comunicado, el ministerio dijo: “Desde el primer día hemos colaborado y presentado denuncias conjuntas con las organizaciones Memoria Activa, AMIA y DAIA para poner fin a la impunidad previamente garantizada a los terroristas, en perjuicio de las víctimas y sus familiares. respetando siempre la independencia del Poder Judicial”.
En ese contexto, afirmó que el Gobierno recurrirá la sentencia de Casación del mes de abril “con el objetivo de incrementar las penas dada la gravedad de los delitos cometidos”.
Luego de ello, la Justicia anunció que Cúneo Libarona enviará al Congreso el “Ley de Juicio en Ausencia” para que los terroristas sean juzgados “incluso cuando se desconozca su paradero”.
“Estamos creando los instrumentos para que en esta nueva Argentina ningún delito quede impune, la Justicia no permite dilaciones ni excusas. Nuestro compromiso de erradicar la impunidad en Argentina es inquebrantable”, concluyó.
El CIDH condenó el viernes a Argentina por su responsabilidad en el caso del ataque a la AMÍA. Por unanimidad, declaró responsable al Estado argentino por no haber adoptado medidas razonables para impedir el atentado, por no haber cumplido con su deber de investigarlo y por haber participado en su encubrimiento. La audiencia sólo duró diez minutos.
En los 20 puntos incluidos en el fallo, la corte internacional sostuvo que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida e integridad personal, el principio de igualdad y no discriminación, y el derecho a la integridad psicológica y moral de las personas. víctimas. Asimismo, a los derechos de acceso a la justicia, garantías judiciales y acceso a la información.
Uno de los puntos más importantes del fallo es que ordenó a Argentina abrir los archivos e información de inteligencia relacionados con el ataque y tomar medidas regulatorias a fin de regular las condiciones para el ingreso de información de inteligencia a los casos judiciales, en referencia a uno de los hechos que desvió la investigación judicial que debía dilucidar lo sucedido. Se ordenó al Estado superar los obstáculos que hoy mantienen la impunidad del atentado terrorista.
“El Estado removerá todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantienen la total impunidad en este caso e iniciará, continuará, promoverá y/o reabrirá las investigaciones que sean necesarias para identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables”. responsable de los hechos del presente caso y establecer la verdad de lo sucedido, todo ello dentro de un plazo razonable”, indica el fallo.
El caso internacional fue iniciado por la asociación civil Memoria activa En su contra Estado argentino por privación de Justicia en la investigación del atentado terrorista. La demanda fue presentada hace 25 años, en julio de 1999. En octubre de 2022, Argentina reconoció su responsabilidad internacional por la impunidad del caso y admitió encubrimientos. El Ministerio de Justicia dijo entonces que el Estado violó derechos, encubrió, sometió la justicia a los servicios de inteligencia y protegió a los acusados.
LA NACIÓN
