El Acuerdo sobre Biodiversidad Marina en Alta Mar (BBNJ) se adoptó en junio de 2023, tras más de una década de negociaciones. Chile firmó este acuerdo en septiembre del mismo año y ratificó el tratado en enero de 2024, mostrando su compromiso con el cuidado del océano. De esta manera, nuestro país fue el primero en el mundo en formalizar su compromiso con su conservación y el segundo en depositar el texto del acuerdo en la ONU.
Se trata de un instrumento internacional jurídicamente vinculante que busca proteger la biodiversidad marina en áreas ubicadas fuera de las jurisdicciones nacionales, es decir, más allá de las 200 millas náuticas. Su principal objetivo es contribuir a la conservación y protección del océano. Como instrumento de gobernanza, será clave para alcanzar los objetivos globales que buscan proteger el 30% de los océanos del mundo para 2030, con el fin de preservar y recuperar la naturaleza marina, enfrentando adecuadamente la crisis climática global; reducción de gases de efecto invernadero, contaminación y pérdida de biodiversidad. Las aguas internacionales constituyen casi dos tercios de los océanos del mundo y han sido durante mucho tiempo un espacio sin ley, donde la explotación y el daño ambiental han aumentado con el tiempo debido a la falta de regulación. La BBNJ establece mecanismos para la creación de áreas marinas protegidas, la evaluación del impacto ambiental de las actividades humanas y el acceso y distribución de beneficios de los recursos genéticos marinos ubicados en la columna de agua y en el fondo marino. El acuerdo BBNJ busca nivelar el campo, equilibrando la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina, situación que actualmente no existe; Más del 93% del océano mundial sigue sin medidas de conservación y protección y, por tanto, está abierto a todo tipo de actividades nocivas.
Para Chile, un país con más de 6.400 kilómetros de costa y una economía fuertemente ligada al mar, la implementación del acuerdo BBNJ representa a la vez un desafío y una oportunidad. En un contexto donde el cambio climático, la sobrepesca y la contaminación amenazan seriamente los ecosistemas marinos, Chile debe asumir un papel proactivo en la conservación y uso sostenible del océano, especialmente porque es uno de los países más vulnerables al cambio climático.
Nuestro país ya ha demostrado su liderazgo en la protección de sus aguas jurisdiccionales, al tener más del 45% de su territorio con algún nivel de protección. Sin embargo, la implementación del acuerdo BBNJ requiere extender este compromiso más allá de nuestras fronteras marítimas, por lo que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha postulado a Valparaíso como sede de su Secretaría.
Pero obtener la Secretaría no es el único desafío. Ahora que el acuerdo ha sido ratificado, es necesario definir y promover su futura implementación mediante el desarrollo de estándares internos, los cuales deben estar alineados con las disposiciones internacionales. Esto incluye el fortalecimiento de las capacidades de monitoreo y control, así como el desarrollo de investigaciones científicas y herramientas tecnológicas e innovadoras que permitan evaluar y mitigar los impactos de las actividades humanas en alta mar. Se debe avanzar en estándares para la evaluación de impacto ambiental en aguas jurisdiccionales; Hoy en día estos estándares no existen. Y Chile, a través de su red de universidades, puede convertirse en un HUB de investigación y ciencia basada en los recursos genéticos marinos. Asimismo, se debe avanzar hacia la ratificación del Protocolo de Nagoya sobre recursos naturales terrestres, que forma parte del Convenio sobre Biodiversidad Biológica del que Chile también es parte.
Asimismo, la colaboración regional será esencial. Chile debe trabajar estrechamente con otros países de la región para coordinar esfuerzos en la creación de corredores y áreas marinas protegidas y en la implementación de políticas de gestión sostenible de recursos. Establecer una política exterior activa y colaborativa con los países vecinos y la cuenca del Océano Pacífico beneficiará no sólo a la biodiversidad, sino que también ofrece oportunidades para promover actividades económicas sostenibles que mejoren la calidad de vida de las comunidades costeras y, al mismo tiempo, garanticen el cuidado de naturaleza, como el ecoturismo y la pesca sostenible.
El papel de la sociedad civil, las comunidades costeras y el sector privado también es crucial. La conciencia pública y la educación sobre la importancia del océano y las amenazas que enfrenta son fundamentales para generar un amplio apoyo a las políticas de conservación. Por lo tanto, iniciativas como programas de educación ambiental y proyectos de investigación y conservación liderados por ONG y universidades deben contar con el apoyo del Estado. Sin embargo, ya es hora de que su estudio forme parte del currículum obligatorio en los colegios y desde edades tempranas.
En este Día Mundial de los Océanos, recordemos que la salud de nuestros océanos es la salud del planeta y, por tanto, la nuestra. El acuerdo BBNJ nos brinda una poderosa herramienta para proteger la vida en los vastos y vitales ecosistemas de alta mar, y su implementación efectiva en Chile y en todo el mundo es una responsabilidad colectiva de todos los que vivimos en este hermoso país.
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