En el escándalo de seguros, Alberto Fernández está inhibido, se ordenó el relevamiento tributario y bancario de sus cuentas, las llamadas de sus líneas telefónicas están en análisis y su patrimonio está en el escrutinio de la fiscalía antilavado PROCELAC, pero nunca apareció. en el caso de estar interesado en el expediente. Hasta ahora: este jueves, El juez Julián Ercolini le pidió que nombrara un abogado defensor.
La causa que comenzó con la revelación de Clarín sobre los contratos que Nación Seguros firmó con la ANSES utilizando intermediarios, se convirtió en un gran enigma. Fueron 45 contratos de diversos organismos del Estado, la intervención sospechosa de 25 intermediarios, y una cifra de 3.453.302.777 pesos, que al tipo de cambio del momento, representa 17 millones de dólares en comisiones desembolsadas con fondos públicos.
El ex presidente tiene dos acusacioness en esta investigación. La portada detalla los presuntos delitos que habría cometido: Abuso de autoridad y violación de los deberes de un funcionario público.incumplimiento de deberes y malversación de fondos públicos.
Pese a las acusaciones que el Ministerio Público le atribuyó bajo el grado de sospecha, Alberto Fernández nunca apareció en el expediente. Incluso cuando se ordenó en su contra un embargo general de bienes, no apeló la decisión.
La observación la hizo la Cámara Federal de Buenos Aires cuando otros imputados apelaron la medida cautelar de Ercolini. Ante esta situación, el magistrado envió un escrito a la División de Operaciones Federales de la Policía Federal para notificar a Fernández las medidas ordenadas y le solicitó designar un abogado defensor.
Fuentes judiciales indicaron Clarín que, posiblemente, el hecho de que el expresidente no haya aparecido en el expediente donde tiene una doble acusación se debe a que “desconoce esta decisión que sobre él pesa la sospecha respecto de la maniobra que se investiga”.
A la fecha no ha apelado ninguna de las medidas que el tribunal dictó respecto de su patrimonio y otras acciones mediante las cuales busca esclarecer el marco investigado.
En esta etapa de la investigación se encuentran en estudio documentos firmados por representantes de distintos organismos del Estado que informan sobre la designación de intermediarios en la toma de seguros previo a la firma del cuestionado Decreto Fernández que se impuso al Estado Nacional. la contratación exclusiva de Nación Seguros. Esto, a su vez, permitió la participación de intermediarios.
Es decir: se investiga si la maniobra inicial que motivó la investigación penal Se cometió durante toda la presidencia de Alberto Fernández. El expresidente no dijo nada al respecto.
A lo largo de la gestión de Fernández se pagaron un total de 3.213.341.098 pesos en comisiones a intermediarios entre el Estado y las compañías de seguros. Como algunos de estos contratos siguieron vigentes tras la llegada de Javier Milei al Gobierno, la cifra de pago actualizada hasta el cierre del informe alcanza los 3.453.302.777 pesos.
El detalle registrado por Nación Seguros en un documento que se incorpora al caso muestra una diferencia sustancial entre las cantidades de dinero que recibe un grupo de intermediarios respecto a otros.
Aunque los intermediarios involucrados son 25, sólo cinco de ellos recaudaron 2.782.170.946 pesos sobre los 3.453.302.777 gastados por el Estado en cuatro años. Es decir, representan el 80,56% de las comisiones pagadas.
Junto al expediente principal instruido por el juez Ercolini, el otra investigación de carácter patrimonial y que está delegado en la fiscalía Carlos Rívolo. Se abrió cuando se ordenó la inhibición general de patrimonio de Alberto Fernández, su amigo corredor Héctor Martínez Sosa, la esposa de Martínez Sosa y secretaria particular de Fernández, María Cantero, y una extensa lista de intermediarios.
Hay dos puntos centrales en el caso: si las comisiones pagadas por el Estado responden a valores de mercado, y por otro lado, si los contratos se realizaron mediante procesos irregulares, como licitaciones dirigidas. Entre los reproches legales contra el expresidente, la justicia le atribuye haber prohibido la posibilidad de que procesos transparentes se hayan llevado a cabo con competencia real.
La causa patrimonial también incluye dos cooperativas: Cooperativa de Trabajo 7 de Mayo y Cooperativa Irigoin. como el dijo Clarínestán bajo investigación por sospecha de que podría haberse utilizado para canalizar comisiones que pagó el Estado.
Todo es parte del caso que está a cargo del fiscal Rívolo. Para profundizar el entrelazamiento de la información bancaria, tras el levantamiento del secreto fiscal y bancario, se solicitó por parte del fiscal la intervención de la PROCELAC. Diego Velasco. “a fin de determinar posibles maniobras de lavado de dinero”, indicó en su momento Rívolo.
De esta manera, el frente judicial de Alberto Fernández incluye una causa patrimonial y el expediente principal encaminados a desentrañar la presunta maniobra delictiva en torno a los contratos firmados con Nación Seguros, organismos del Estado y la intermediación de corredores.
