Los fiscales del procés que llevan dos de los grandes casos abiertos en el Tribunal Supremo a los que puede afectar la amnistía -el relativo a los ya condenados y el de los evadidos- se oponen a la orden del fiscal general del Estado de aplicar la ley de olvido penal para todos los delitos relacionados con el 1-O, según el escrito al que ha tenido acceso elDiario.es.
Los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno se oponen a la instrucción que han recibido esta mañana de posicionarse a favor de aplicar la ley de amnistía a todos los delitos, incluido el de malversación que afecta a Carles Puigdemont u Oriol Junqueras; así como levantar la orden de detención contra el expresidente de la Generalitat. En consecuencia, han activado el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Público, que permite remitir un asunto a la dirección del Ministerio Público cuando se considera que se ha dictado una orden “contraria a las leyes” o “improcedente”. recibió.
Los cuatro fiscales entienden que los argumentos presentados por el fiscal general para hacer una aplicación “incondicional” de la ley de amnistía a los delitos de malversación son “manifiestamente insuficientes” y que la orden que les ha dado de aplicar la amnistía a todos los delitos es improcedente y no cumple con la legislación. Exigen, por tanto, que se inicie el proceso para llevar el asunto a la Junta de Fiscales del Tribunal. También solicitan que el fiscal general emita “un decreto motivado que acuerde la avocación del caso” para responder a las preguntas del juez Pablo Llarena sobre cómo aplicar la amnistía, abriendo la puerta a que el caso ya no sea tramitado por ellos.
Consideraciones políticas “extravagantes”
La respuesta de los fiscales llega menos de tres horas después de que García Ortiz les enviara una carta con un mandato claro: la posición de la Fiscalía debe ser favorable a amnistía todos los delitos relacionados con el referéndum del 1 de octubre de 2017. En su escrito, el fiscal general describe por “insuficientes” los argumentos esgrimidos por estos fiscales -que son los que participaron en el juicio del procés- para poner en duda la posibilidad de amnistía por malversación. Y se pregunta si incluyeron consideraciones políticas “extravagantes” o “intrascendentes” en su informe. Sostiene también que levantar las medidas cautelares que pesan sobre varios de los imputados es una medida no sólo “adecuada” sino “necesaria” según las leyes.
Tras conocer la respuesta de Zaragoza –realizada en representación de los cuatro fiscales del proceso–, la Fiscalía General del Estado anunció la convocatoria de una Junta de Fiscales del Tribunal para el próximo martes 18 de junio. El resultado de esa reunión no es vinculante para el fiscal general , a quien la ley otorga autonomía para mantener su criterio. Y, en cualquier caso, la decisión final sobre la aplicación de la amnistía corresponde a los jueces.
