Oni de los puntos que se tocaron en el cónclave del Gobierno de Petro en Paipa (Boyacá) fue el del nuevo modelo de salud para docentes, que afecta a cerca de 800 mil docentes en todo el país.
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Se solicitó poner el acelerador para que Fiduprevisora pueda firmar los respectivos contratos antes del próximo 1 de mayo cuando se anunció su entrada en operación. Sin embargo, EL TIEMPO conoció un informe de la Procuraduría General de la República en el que se cuestiona fundamentalmente el modelo.
‘Improvisados y con graves inconsistencias’
Para el organismo de control, este es un modelo improvisado y la transición del Fondo Nacional de Beneficios Sociales de la Docencia – FOMAG – está lleno de dudas en contratación, logística, presupuesto e infraestructura, lo que dejaría en el limbo a cerca de un millón de docentes.
Además, no hay claridad sobre temas clave como la formación de la Red Nacional de Prestadores de Servicios de Salud.“del cual aún no hay nada concreto y ni siquiera ha sido presentado al Consejo Directivo”.
‘Sin supervisión’ y los costos
El presidente Petro preguntó sobre el tema luego de reunirse con Fecode en Casa de Nariño.
Foto:Presidencia
En cuanto al presupuesto, la Procuraduría General de la República comenzó a cuestionar el aumento de costos que traerá la implementación del nuevo sistema. lo que en comparación con el modelo anterior equivaldrá a un billón cien mil millones de pesos cada año.
“En la revisión de documentos se encontró que no existe firma de contratos ni capacitación del personal que operará el nuevo sistema, ni existe claridad o diferenciación entre servicios médicos y servicios administrativos, por lo que se percibe un alto riesgo en la contratación de cada uno de estos”, señala la entidad.
Y otro punto de preocupación es que el Fiduprevisora seguirá siendo el operador de la gestión del servicio, lo que podría poner en riesgo los reclamos de los usuarios ya que esta, por su naturaleza jurídica, es una entidad financiera y Supersalud no podría monitorearla y controlarla.
En el mismo sentido, la entidad de control Cuestiona que el nuevo modelo no establece un responsable para monitorear la calidad de la prestación del servicio o la gestión de riesgos.
¿Posibles anulaciones?
Marcio Melgosa Torrado, Procurador Primero Delegado de Vigilancia Preventiva del Servicio Público
Foto:TIEMPO
Por ello, han destacado posibles nulidades de los contratos que se firman, observaciones dirigidas a la protección del patrimonio público y el respeto al ordenamiento jurídico en los medios o instrumentos mediante los cuales se pondrá en funcionamiento dicho modelo.
Al respecto, el Procurador Primero Delegado de Vigilancia de la Función Pública, Marcio Melgosa, instó a las directivas a “Aterrizar el proyecto y ajustarlo o, de lo contrario, la atención médica de los docentes quedará en el limbo”.
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