“Nos encontramos con una situación en la que, probablemente, cualquier curso de acción iba a tener muy malos, muy malos resultados; porque también es algo que se consideró decir ‘bueno vamos poco a poco a esperar que estemos mejor armados para si llega la respuesta’”, explicó Cococcioni sobre los hechos de violencia ocurridos en marzo en Rosario.
En esa línea, aseguró que en 2023, hubo “una política penitenciaria mucho más laxa, donde se habían desmantelado pabellones de alto perfil y grupos de búsqueda y a cada unidad se le dieron algunos empleados para que cada director buscara solo”.
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Y amplió: “El grupo de custodia de presos destacados y del régimen destacado había sido completamente desmantelado. No se aplicaban controles y si los presos informaban que algo se había roto durante un registro, los empleados tenían que hacer un escándalo para reponer los objetos rotos al preso porque hacían un resumen administrativo al personal.
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“Estuve allí 12 años y nunca tuve ningún motín. Ahora volvimos y, según la Fiscalía de Rosario, de los 398 homicidios ocurridos en la provincia el año pasado, se estima que una cuarta parte fueron ordenados desde el interior de un penal”, afirmó Cococcioni.
Al mismo tiempo denunció: “Hubo fusilamientos ordenados desde prisión y todo tipo de delitos, como extorsiones a comerciantes que tenían que pagar porque no los dejaban abrir y les disparaban a sus negocios”.
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De esta manera, Cococcioni sostuvo: “No elegimos el momento en el que tomar el mando. Hay que ver qué hay cuando llega. Teníamos algunas opciones pero, si íbamos con un plan muy gradual, iban a convertir a Santa Fe en un narcoestado. Esa es la realidad“.
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Maiquel Torcatt / Aire Digital
“Hubo que tomar medidas drásticas y las tomé”, afirmó y destacó: “Yo di la orden de todo, y en lo que no di la orden, indirectamente generé las condiciones para que se procediera de esa manera”.
“Todo lo que pasó fue una política carcelaria deliberada de nuestra parte porque teníamos que frenar que la provincia de Santa Fe estuviera gobernada por un puñado de delincuentes que, además, ya estaban presos”, postuló el ministro.
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Para el titular de la cartera de Seguridad, pusieron freno a “generar un régimen diferente con mucha fuerza, producto de que todo lo que hacemos se basa en una ley de ejecución de pena que en la provincia de Santa Fe fue sancionado por 48 diputados de los 50; y de los 19 senadores”.
“No fue decisión de un solo tipo, es una política de Estado de la provincia de Santa Fe que hay que controlar a los presos y no dejar que sigan actuando como quieran dentro del penal”, concluyó.
