A través de la Resolución 141/2024, publicada este martes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Justicia decidió eliminar la Resolución de 2019 que permitía tramitar el Certificado de Antecedentes Penales en los Registros de la Propiedad Automotriz.
La medida se determinó a raíz de que el Registro Nacional de Reincidencia “ha vivido un profundo proceso de avance tecnológico, que actualmente permite a los ciudadanos argentinos solicitar, pagar y completar sus Certificados de Antecedentes Penales de forma completamente digital y sin necesidad acudir personalmente a cualquier Sede Descentralizada o recurrir a las Unidades de Expedición y Recepción (UER)”.
Por ello, la Justicia instruyó al Registro de Reincidencia y a la Dirección Nacional de Registros Nacionales de la Propiedad Automotriz “arbitrar las medidas necesarias para proceder al desmantelamiento de las Unidades de Expedición y Recepción (UER) ubicadas en los términos de la Resolución 72/2019 de 18 de enero de 2019”.
A partir de diciembre de ese año, el Certificado de Antecedentes Penales podría realizarse en todos los Registros de la Propiedad Automotriz, con el fin de “agilizar los tiempos de gestión”, según justificó el Poder Ejecutivo en ese momento.
Este Certificado es un documento en formato electrónico emitido por el Registro Nacional de Reincidencia a través del cual se certifica la existencia o no de antecedentes penales del solicitante o de procesos penales pendientes.
Este trámite es fundamental para el desempeño de un número importante de actividades laborales y comerciales, como al momento de ingresar a un nuevo empleo o solicitar una licencia de conducir profesional, entre otras.
Esto se suma a otra decisión vinculada a la actividad registral que tomó el Gobierno la semana pasada, cuando la AFIP eliminó el Certificado de Transferencia Automotriz (CETA) para vehículos usados.
Los encargados de los Registros Automotrices han cuestionado en numerosas ocasiones que se les hayan agregado tareas que no les corresponden, ya que por ejemplo aún funcionan como agentes de recaudación de impuestos provinciales o tasas municipales, además de tareas de control delegadas por la AFIP y la Hacienda. Unidad de Información (UIF).
Las simplificaciones que viene aplicando el Ministerio de Justicia canalizan el verdadero carácter de los registradores, afirman en el sector.
Resolución 141/2024 de El Litoral
