La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación disciplinaria a dos exdirectores regionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- en Nariño.
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La investigación afecta también a otros diez ex empleados y funcionarios de la entidad en ese departamento, por presuntas irregularidades en el registro y atención de familias vulnerables atendidas por el Programa Mi Familia entre 2021 y 2023, caso conocido como ‘el cartel de las familias falsas’.
Los investigados son los exdirectores regionales Luis Carlos España Patiño y María Mercedes Arellano, así como la entonces asesora de la Dirección General de la entidad y quien fungió como directora regional (e), Martha Isabel Tovar Turmequé, y el excoordinador del Grupo Financiero, Luz Ángela Alvarado Yépez.
También se abrió investigación contra Óscar Abel Hurtado Narváez, coordinador del Grupo Jurídico, César Wilton Lloreda Alvear, Martha Lucía Pepinosa Bravo, Daira Vanesa Córdoba, Yudeimi Manco Valle, Myriam Consuelo Tovar Peña, Aura Leonila Benavides y Luz Elena Martínez Recalde.
Al parecer hubo posibles irregularidades en la selección de la Unión Temporal Mi Familia para la ejecución del contrato, firmado por 8.399 millones de pesos, para visitar periódicamente a 3.930 familias en 16 municipios del departamento para prevenir el maltrato infantil, ya que al parecer no estaba autorizado y no no cumplir con los requisitos requeridos.
También se investigan aparentes faltas disciplinarias en la firma, ejecución y supervisión contractual, donde aparentemente se presentaron inconsistencias y falsedades en los apoyos presentados por la UT Mi Familia respecto de la atención brindada a las familias.
Respecto a la supervisión de la obra, el Ministerio Público investiga si las supuestas falsedades registradas en los documentos que sustentaban las visitas realizadas por la UT habrían sido advertidas oportunamente.
Asimismo, se habría cometido una posible omisión en la adopción de medidas en caso de incumplimiento por parte del contratista y por no informar a las autoridades administrativas y judiciales las posibles inconsistencias o falsedades presentadas y evitar así el perjuicio al patrimonio del Estado.
En el auto de apertura de investigación, la Fiscalía envió copia a la Fiscalía para que evalúe la procedencia o no de la acción penal contra los representantes legales de las organizaciones Corporación IPS Afrosalud Colombia y Corporación Colombia en Paz, que integraron la UT Mi Familia, y su revisor fiscal, Haiden Otoniel Vergara, por una posible falsedad en los documentos aportados para la firma del contrato con el ICBF Regional Nariño.
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