El Consejo de Estado dejó sin efecto la incapacidad sobrevenida que despojó de su cargo a la exgobernadora del Huila, Cielo González Villa, luego de once meses en el cargo.
Esta decisión, originalmente impuesta por el Ministerio Público, fue juzgada como una violación de los derechos políticos por la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Segunda), que resolvió el caso en segunda instancia.
La polémica comenzó con los fallos de la Procuraduría General de la República, basados en tres sanciones disciplinarias recibidas por González en un lapso de cinco años, provocando su abrupta salida en diciembre de 2018.
La exgobernadora alegó que dichas sanciones fueron extemporáneas y que se vulneró su derecho al debido proceso. El Tribunal Administrativo del Huila, en primera instancia, había revocado estas decisiones y solicitado una reparación integral, incluidas disculpas públicas, aunque estas últimas fueron retiradas en apelación.
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El fallo más reciente, del 11 de agosto de 2023, enfatiza que la Procuraduría General de la República, al no ser un órgano judicial, carece de la competencia convencional para imponer una inhabilitación que limite el derecho político a ser elegido.
Esta conclusión se sustenta en una nueva interpretación normativa tras un control de convencionalidad realizado por la Subsección Segunda del Consejo de Estado el 29 de junio de 2023, que destaca un cambio de jurisprudencia que distingue claramente entre sanciones disciplinarias e inhabilidad sobreviniente, entendida esta última como una medida preventiva y no punitiva.
La decisión también revocó las medidas morales y la orden de costas inicialmente impuestas, señalando que el Ministerio Público no fundamentó su recurso de forma relevante desde el punto de vista constitucional.
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