El Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publican este martes el acuerdo adoptado por la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de La Rioja para resolver las discrepancias surgidas del procedimiento elegido por el Ejecutivo regional para acelerar la ejecución de los fondos europeos Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España.
El Gobierno de Rioja se ha propuesto alcanzar velocidad de crucero este año para que la financiación comunitaria extraordinaria se transfiera de forma efectiva y rápida a la economía real del territorio, dado el bajo nivel de ejecución registrado en los últimos años. A tal efecto, se establece en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, o Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de La Rioja para 2024, incluida en el artículo 12 del Capítulo IX, correspondiente a las medidas administrativas relativas a la gestión de los fondos europeos, la tramitación urgente de los procedimientos de la ejecución de los gastos con cargo a los fondos europeos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación.
Así, se declaró la aplicación de la tramitación de urgencia y el despacho prioritario de los procedimientos administrativos que impliquen la ejecución de gastos con cargo a fondos europeos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación, sin necesidad de que el órgano administrativo motive dicha urgencia en el correspondiente acuerdo de inicio. A su vez, la función interviniente dará prioridad a estos expedientes sobre cualquier otro, debiendo el órgano de control dictar resolución en el plazo máximo de cinco días.
El Ejecutivo central ha discrepado del planteamiento realizado por la Comunidad de La Rioja, porque entiende, entre otras cuestiones, que la regulación autonómica podría entenderse incompatible con las directivas europeas en materia de contratación y con la legislación básica de contratación estatal.
En las primeras conversaciones o contactos, la Comunidad ha defendido que el artículo es plenamente constitucional y, además, ha propuesto como solución la publicación en el BOR de una instrucción que aclare la necesidad de justificar, cuando proceda, la urgencia en cada contratación. procedimiento. financiado por el RETC.
Por ello, ambas administraciones han acordado iniciar negociaciones, con el objetivo de alcanzar en un plazo de nueve meses un acuerdo que evite la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional por parte del Estado, así como designar un grupo de trabajo que proponga a la Comisión Bilateral la solución adecuada.
