El Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles el llamado “Ley Sonia Torres” que establece la formación obligatoria en Derechos Humanos para quienes laboran en la función pública provincial en todos los niveles y jerarquías, para los tres poderes del Estado.
La ley es un homenaje y reconocimiento a una de las líderes de derechos humanos más importantes de la provincia e integrante de Abuelas de Plaza de Mayo seccional Córdoba, fallecida el 20 de octubre de 2023.
El legislador Matías Chamorro, quien impulsó el proyecto, dijo a la prensa que “esta ley, en el contexto de 40 años de democracia, busca garantizar que la dignidad humana siga siendo el pilar de nuestra sociedad y que los agentes del Estado estén debidamente preparados para proteger y respetar los derechos humanos, fortaleciendo nuestra democracia. Córdoba ha construido una política robusta en la materia, y esta iniciativa pretende continuar impulsando las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, brindando herramientas con un profundo sentido pedagógico, que redunden en el fortalecimiento democrático y de sus instituciones.
“La formación en derechos humanos es una manera de honrar la herencia democrática de nuestro país, un recordatorio constante de que en la democracia la libertad y el respeto son valores inquebrantables que deben ser conocidos y promovidos por todos los ciudadanos, incluidos los agentes del Estado”, añadió Chamorro.
La ley fue aprobada en el actual contexto de negación y revisión por parte del gobierno nacional de la política de derechos humanos, para lo cual existe un consenso mayoritario en la sociedad.
La sesión especial fue convocada por la vicegobernadora Myrian Prunotto y se desarrolló en el Refugio Libertad de José de la Quintana, ex Grupo de Artillería 141 ubicado en Villa San Isidro, donde funcionó un Centro Clandestino de Detención y Tortura durante la última dictadura cívico-militar.
La Ley Sonia Torres fue aprobada por 66 votos a favor, y establece, a nivel provincial, la obligatoriedad de capacitación, sensibilización y sensibilización en materia de Derechos Humanos para todas las personas que laboran en la función pública provincial en todos los niveles y jerarquías -tanto del sectores públicos centralizados y descentralizados – para los tres poderes del gobierno.
El Ministerio de Desarrollo Humano será el organismo implementador de la capacitación. La Ley Sonia Torres prevé sanciones administrativas por incumplimiento sin justa causa, y da un plazo de un año desde su aprobación para su implementación.
Los legisladores que votaron en contra de la norma fueron Rodrigo Agrelo (Encuentro Vecinal Córdoba) y Agustín Spacessi (La Libertad Avanza). Gregorio Hernández Maqueda (Coalición Cívica – ARI) se abstuvo.
