El Gobierno de Rioja contratará una auditoría “externa” e “independiente” ante sospechas de “malas prácticas” en la gestión de la compra de mascarillas durante la pandemia, por valor de 3,08 millones de euros, según ha informado el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Domínguez. En concreto, ha indicado que se adquirieron, en virtud de un contrato de emergencia en 2020, 5,5 millones de mascarillas para SERIS, de la empresa ‘Arneplant’, para uso sanitario aunque “no eran óptimas”. para este sector. Además, Domínguez ha manifestado su “sorpresa” porque “su recepción la hizo la Fundación Riojana para la Innovación y no el Servicio Riojano de Salud (SERIS)”. La contratación de la auditoría ha sido aprobada en reunión del Consejo de Gobierno de La Rioja. El portavoz ha apuntado que tras los análisis internos realizados se constató que la aceptación del material, valorado en 3.080.000 euros, “no siguió los cauces habituales, ya que fue recibido por personal de la Fundación Riojana para la Innovación (FRI) y no para el de SERIS”. “Además, algunas de estas mascarillas nunca fueron utilizadas al comprobarse que no eran aptas para uso sanitario, y permanecen almacenadas en un almacén de la Comunidad Autónoma en Arrúbal”, destacó Domínguez. El portavoz ha encuadrado la decisión en el proceso de exploración y control de la Administración autonómica que lleva meses llevando a cabo el Ejecutivo presidido por Gonzalo Capellán, y en el marco de las investigaciones abiertas en distintas comunidades autónomas sobre los contratos de adquisición de Material de protección durante la pandemia de COVID. De este análisis, el Ejecutivo regional deduce que “hubo actuaciones que merecen ser investigadas de manera más exhaustiva y profunda, entre ellas, que la recepción del material no se hizo desde el primer momento por parte de SERIS, como es preceptivo , sino por los responsables de la Fundación Riojana para la Innovación”. Por este motivo, a propuesta del Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales, el Consejo de Gobierno ha decidido encargar una auditoría externa de cumplimiento normativo para conocer todos los detalles de la operación y, de esta forma, poder informar y rendir cuentas en el Parlamento de La Rioja “con la máxima transparencia, conscientes de que se trata de un asunto de gran interés público”. Hay que recordar que la comisión de investigación abierta en la Cámara sobre este tema decayó con la conclusión de la legislatura pasada.
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