La mañana de este martes se hizo efectivo el llamado realizado por el Gobernador Rafael Martínez a diversas instituciones del Estado, al primer Comité de Seguridad, para evaluar los cierres repetitivos de la carretera Ciénaga – Barranquilla, los cuales han sido motivados por el descontento de las comunidades. frente a las necesidades locales.
Al encuentro asistieron miembros de la Policía Metropolitana, el Ejército Nacional, la Fiscalía, alcaldes y delegados de los municipios de Puebloviejo, Sitionuevo y Ciénaga.
Además, el Comité contó con la presencia del Ministerio Público, representado por la Fiscalía Regional, que desde sus competencias advirtió sobre un posible hecho delictivo que se escondía detrás de los cierres viales, se estaría hablando de cargos de extorsión en el llamado “puntos de control ilegales”. , lo que agrava la situación.
El gobernador Martínez fue enfático en que los bloqueos no pueden ser la primera opción para llamar la atención de las autoridades locales o demostrar un posible incumplimiento y mucho menos el derecho a la protesta puede usarse como excusa para que los particulares busquen un beneficio económico. El presidente se refirió a que no se vulnera el derecho de la mayoría a través de mecanismos que no cuenten con los protocolos que la propia Ley establece.
La primera conclusión a la que llega este Comité es la no vulneración de los parámetros que la Constitución reconoce como protesta pacífica. “Si no hay un cumplimiento previo de un protocolo, si no hay una notificación previa a la autoridad competente, el bloqueo es ilegal y no se puede permitir. La Policía ha estado presente, de hecho la unidad que antes se llamaba ESMAD ha estado pernoctando en Ciénaga, sin embargo, el uso de estas unidades es la última opción.
No vamos a permitir que se siga vulnerando el derecho de los ciudadanos a transitar con tranquilidad y seguridad por las vías del departamento. Algunos de estos disparos no superan las 10 o 15 personas, y es un hecho que hemos puesto en conocimiento de las autoridades. La Fiscalía va a tomar cartas en el asunto, y por eso también hacemos un llamado a todos los ciudadanos que se ven afectados de una forma u otra por estos cierres, a que presenten denuncias, que envíen videos y fotografías, porque los agitadores o promotores de se van a empezar a identificar este tipo de cierres”, recalcó Martínez.
La segunda conclusión gira en torno a las fallas por el servicio energético. “Hemos llamado la atención de Air-e, porque a veces sus exigencias de pago previo por la instalación de un transformador que está dañado, derivan en acciones ciudadanas… Si bien hay un proyecto PRONE que se va a reactivar, desde el Gobierno Con la Secretaría de Infraestructura y Planificación de estos municipios vamos a trabajar en un proyecto a presentar en el marco de las ‘Comunidades Energéticas’ para la posible construcción de una granja solar, que beneficiará a toda la población que no Siempre tendremos los medios para pagar los altos costos de la energía”, afirmó el gobernador.
Como tercera conclusión, la primera autoridad del Departamento habló del diálogo entre Aguas del Magdalena y las empresas operadoras de agua y alcantarillado de estos municipios, dado que la mayoría de los desacuerdos están vinculados a fallas en estos servicios. Esta articulación permitirá establecer planes de contingencia, como el suministro de agua potable mediante camiones cisterna, como ocurrió recientemente, donde el Gobierno envió 66 mil litros del líquido al municipio de Puebloviejo.
“Acá lo que hemos dicho es que cuando hay una situación de esta naturaleza, que involucra o implica el posible cierre de la vía, rápidamente se notifique e involucre al Gobierno para que de nuestra parte podamos tomar acciones preventivas, o en el interior. en el marco de asistencia, apoyarlos para la atención en este caso de emergencias”, destacó Martínez, al establecer que se debe crear una red de cooperación que se active para prevenir daños viales.
