Ciudad de México. Un juez de distrito de Chihuahua otorgó a los padres amparo contra la distribución de los libros de texto gratuitos aprobados para el ciclo escolar 2023-2024, también para que sus hijos no se vean obligados a utilizarlos. Los efectos de la medida cautelar también son para que los menores de edad continúen cursando su educación básica de acuerdo con los planes, programas y libros de estudio aprobados en 2017; ya sea físico o virtual.
Además, Madhay Soto Morales, jueza Décimo de Distrito en el estado de Chihuahua, resolvió que las autoridades vinculadas al cumplimiento deben permitir a los denunciantes el uso gratuito de libros de texto de nivel primario y secundario del Sistema Educativo Nacional aprobado en 2017.
Pero no sólo eso, las autoridades educativas tendrán que salvaguardar a los estudiantes de ser excluidos o segregados por la no utilización de material didáctico, con el objetivo de inhibir y erradicar el acoso escolar; y ordena una nueva revisión y deliberación de los planes y programas de estudio, así como de los materiales educativos que se pretenden aplicar conforme a los parámetros constitucionales.
El gobierno federal puede impugnar el fallo para que el caso sea turnado a un tribunal colegiado de la entidad, quien determinaría si confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia.
Los padres impulsaron el juicio de amparo el pasado 19 de septiembre, donde reclamaron la omisión de someter a consulta el nuevo plan y programas de estudio, para los niveles preescolar, primario y secundario de educación básica, así como la orden de autorización, impresión, edición, distribución. y entrega de libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024, correspondientes a dicho nivel educativo.
Juez argumenta su resolución
La jueza argumentó en su resolución que la impresión de los libros de texto sería válida si previamente se hubieran integrado los planes y programas de estudio “a la luz de los principios y procedimientos constitucionales y legales, determinando sus contenidos y las pautas de evaluación y aprobación, para que podrá publicarse oportunamente en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano informativo de cada entidad federativa; y dentro de sus respectivas competencias legales, se brindó la formación oportuna, completa y debida al magisterio, se insiste, considerando la existencia de un cambio en el modelo educativo (comunitario y contextual) y curricular (diversas materias en los libros de texto)”.
Esto, agregó, con el objetivo de que el producto final sea puesto a disposición en los medios respectivos por la Secretaría de Educación Pública, con el conocimiento de todos quienes participan en dicho procedimiento educativo; sobre todo, porque la propia legislación, como se ve, legitima a los padres y tutores para informar a la autoridad de cualquier inconsistencia en los libros de texto.
Agregó que el proceso de establecimiento de un nuevo currículo, así como el proceso de creación, autorización, impresión y distribución de libros de texto no cumplieron con las disposiciones reglamentarias en materia de educación, violando el derecho a la educación y el interés de la niñez, específicamente, de los denunciantes. infantes, ya que no es seguro que el ciclo escolar 2023-2024 se ajuste al plan de estudios denominado “La Nueva Escuela Mexicana”, autorizado por la Secretaría de Educación Pública, ni que los libros de texto gratuitos para primaria y secundaria se ajusten a los planes de estudio actuales y programas.
“El procedimiento utilizado por las autoridades es inconstitucional, ya que primero se imprimieron los libros y posteriormente se aprobaron y luego se aprobó y ordenó la publicación de dichos programas de estudio, cuando primero se debe hacer esto último, porque los primeros –los libros de texto- deben ser ajustados. a los programas de estudio y no al revés”.
