La directora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), María Amparo Casar, fue acusada de cobrar irregularmente la pensión de su fallecido esposo, Carlos Márquez Padilla, en perjuicio de 31 millones de pesos a Petróleos Mexicanos (Pemex). Las acusaciones del presunto fraude fueron hechas públicas por el director de la paraestatal petrolera, Octavio Romero Oropeza, en La Mañanera de Andrés Manuel López Obrador el pasado viernes. El Gobierno compartió en un sitio oficial cientos de páginas de un expediente que incluía el certificado de defunción de Márquez Padilla, así como documentos completos con información personal de Casar y su familia, como expedientes académicos de sus hijos, cheques y sus domicilios. El caso ha reavivado una vez más la polémica por el trato dado a opositores y críticos de la plataforma presidencial, quienes acusan el uso de recursos públicos para emprender “venganza personal”. López Obrador justificó este lunes la ofensiva contra Casar asegurando que “la gravedad del delito” está por encima de cualquier reclamo por violación a la privacidad y que nadie “tiene licencia” para corrupción. Casar considera que se trata de una infamia y condena el descubrimiento del expediente sobre la muerte de su marido.
Márquez Padilla, entonces coordinador de asesores de la dirección corporativa de la petrolera, murió el 7 de octubre de 2004 tras caer por la ventana de uno de los edificios de Pemex. Romero Oropeza aseguró que Casar solicitó pago de seguro, apoyo para gastos funerarios, pensión Post mortem y la pensión para ella y sus hijos, antes de que existiera un peritaje sobre el fallecimiento.
El Gobierno de López Obrador sostiene que las autoridades ministeriales establecieron que se trató de un suicidio, pero que su esposa y Héctor Aguilar Camín, un intelectual crítico con esta Administración, solicitaron a la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) modificar el fallo para que que será catalogado como accidente. El supuesto cambio en el peritaje permitió que los familiares tuvieran acceso a una indemnización, siempre según la versión del actual director de Pemex. “Este es un caso importante porque es un caso de corrupción liderado por alguien que dice luchar contra la corrupción. Dicen que están en contra de la corrupción, en realidad están a favor de la corrupción”, dijo públicamente Romero Oropeza. El funcionario agregó que los pagos a Casar ya fueron suspendidos y que se está presentando una denuncia formal.
MCCI es una organización que realiza investigaciones periodísticas sobre casos de corrupción en esta y otras Administraciones, así como reportajes que involucran a actores públicos y privados. Once días antes de que surgieran las acusaciones contra Casar, la asociación publicó un informe sobre supuestas irregularidades en el patrimonio de Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial de Morena, el partido gobernante. Las acusaciones fueron desestimadas por Sheinbaum en una carta y durante el último debate presidencial. Previamente, la organización puso bajo escrutinio presuntos negocios de los hijos de López Obrador en la construcción del Tren Maya.
El oficialismo acusa a Mexicanos Contra la Corrupción de ser una herramienta de “ataques” y “desinformación”, pues es financiada por Claudio X. González, un empresario que lleva años enfrentando a López Obrador y que apoya abiertamente a la oposición. El Gobierno asegura que se trata de una “guerra sucia”, pese a que la organización también ha apuntado a políticos opositores, como el priista Alejandro alito Moreno, el exgobernador Javier Duarte y la Administración de Enrique Peña Nieto por la denominada Estafa Maestra.
Casar calificó las acusaciones de “infamia” y condenó el descubrimiento del expediente sobre la muerte de su marido, ocurrida hace más de 20 años. “Esto es una mentira, una villanía y el abuso del aparato del Estado para silenciar y vengarse de un ciudadano”, dijo a la periodista Carmen Aristegui. MCCI publicó un comunicado en el que afirmó que se trató de un “ataque ilegal” por parte del Gobierno de López Obrador, que comenzó con la exposición de información personal y se amplificó gracias a funcionarios y “operadores” de la actual Administración. “Es una de las acciones más viles que hemos visto contra la libertad de expresión, el periodismo y la sociedad civil”, afirmó la organización.
El reclamo tuvo eco entre otras voces críticas hacia López Obrador. “El poder no es ni debe ser absoluto, caprichoso ni vengativo”, reza un posicionamiento firmado por Lorenzo Córdova y José Woldenberg, expresidentes del Instituto Nacional Electoral (INE), así como una decena de académicos y exfuncionarios. Al rechazo se sumaron juristas, periodistas y analistas políticos, insistiendo en que el presidente no tiene facultad para exponer esa información y que hacerlo, en todo caso, afecta el curso de las investigaciones para sancionar un presunto delito. Un día después de la presentación de Romero Oropeza, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció el inicio de una investigación de oficio por la violación a la privacidad de Casar.
López Obrador respondió este lunes a las críticas y retó a Casar a negar las acusaciones. “En lugar de profundizar en si hubo o no corrupción, recurren al instituto de transparencia que es su creación”, afirmó. El presidente agregó que es como decir que “la corrupción es válida, siempre y cuando se mantenga en secreto” y aseguró que el interés público en el caso está por encima de reclamos sobre una violación a la privacidad. El presidente, que también alude al caso en su último libro, Gracias, negó que las acusaciones contra el director del MCCI tengan una motivación electoral. “Son temas que van más allá de las elecciones”, comentó, “es un proceso de limpieza, depuración de la vida pública”.
Esta no es la primera vez que López Obrador es señalado por la forma en que reacciona ante las críticas y se relaciona con los medios. En febrero pasado, el presidente hizo público el número de teléfono de un periodista de Los New York Times quien le envió un cuestionario sobre presuntos vínculos entre su círculo cercano y el narcotráfico. “No fue un error”, afirmó y aseguró que lo volvería a hacer. “Por encima de la ley está la autoridad moral, la autoridad política [del presidente]”, añadió. El INAI también abrió una investigación tras el incidente.
Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del frente opositor y principal rival de Sheinbaum, solicitó la cancelación de Las Mañaneras por la exposición de datos personales y de sus empresas para desvirtuar su campaña. La lista de personas que han denunciado “ataques sistemáticos” incluye a periodistas, miembros de otros poderes, activistas y miembros de la sociedad civil. Casar aseguró que ha sido mencionada alrededor de 60 veces en Las Mañaneras en los últimos cinco años.
En su última conferencia, López Obrador acusó a los “medios de manipulación” de “magnificar” los problemas de su Gobierno, criticó a una comisión independiente de expertos que criticó el manejo de la pandemia, recordó el caso del periodista de Los New York Times, volvió a la carga contra organismos autónomos como el INAI e insistió en presentar una cronología de la muerte de Márquez Padilla. A cuatro semanas de las elecciones, el caso contra Casar ha encontrado su propio lugar en la cobertura mediática fuera de la carrera presidencial. En el cruce de acusaciones de “autoritarismo” y “corrupción”, en las fronteras del interés público, la libertad de expresión y asuntos de carácter personal, en plena efervescencia electoral, Las Mañaneras y el presidente vuelven a estar en el centro de la polémica. .
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