TORONTO – La ministra de Salud de Ontario, Sylvia Jones, y su ministerio se niegan a revelar la cantidad de dinero con la que siete pacientes de la provincia han sido multados por negarse a ser trasladados de un hospital a una residencia de cuidados a largo plazo que no habían elegido.
Una ley promulgada en 2022, conocida como Proyecto de Ley 7, exige que los hospitales impongan multas de 400 dólares por día a los pacientes que pueden ser dados de alta pero que necesitan atención a largo plazo y se niegan a ir a un hogar seleccionado para ellos por un coordinador de colocación.
El gobierno ha dicho durante mucho tiempo que no tenía conocimiento de que nadie haya sido multado, pero un portavoz de Jones dijo la semana pasada que acaban de enterarse de que siete personas han sido multadas, ya que Ontario Health no había transmitido esa información.
Desde entonces, las solicitudes diarias de The Canadian Press al ministerio sobre el total de los cargos que enfrentan esas siete personas han sido ignoradas.
Hoy, cuando se le hizo la misma pregunta, Jones no dio respuesta.
Los tres partidos de oposición dicen que la ley debería repetirse, pero que como mínimo el gobierno debería ser transparente sobre los efectos de su ley en los pacientes y sus familias.
Este informe de The Canadian Press se publicó por primera vez el 11 de abril de 2024.
