Hace una semana la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Rosario decidió restringir la atención médica de los afiliados al Iapos en medio de la negociación con la obra social y el gobierno provincial para la actualización de tarifas. Con unos 600 mil miembros que ven comprometido su acceso a la salud, este lunes los sindicatos de trabajadores estatales hicieron una presentación judicial ante la Defensoría del Pueblo en busca de desbloquear el conflicto. El Ejecutivo santafesino precisó que el problema tiene su epicentro en el departamento de Rosario, advirtió que el beneficio “no debe recortarse” y acusó a las clínicas por utilizar a los miembros como mecanismo de negociación.
La restricción de la atención médica comenzó el lunes 22 de abril y luego de una semana la situación no cambió. Para Juan Pablo Casiello, secretario general de Amsafé Rosario, uno de los sindicatos estatales afectados por el recorte, el derecho a la salud de los trabajadores no está garantizado por la responsabilidad “de Iapos, del gobierno provincial, y de las clínicas y sanatorios que sólo piensan en sus ganancias”.
Referencias del gremio docente, empleados de la administración pública (ATE) y profesionales de la salud (Sipurs) señalaron que los pacientes no pueden acceder a determinadas prácticas y estudios sin pagar su valor total y que ni siquiera tienen la posibilidad de retirar la cita con su médico de cabecera para prescribir medicamentos. Por eso solicitaron la intervención de la Defensoría del Pueblo.
“Soy paciente de oncología en el Sanatorio de Mujeres. Cuando llego a la consulta me niegan la asistencia. Hay enfermedades que no pueden esperar y el resultado de la cirugía depende del tiempo. Me siento rehén de un conflicto económico y político“Necesitamos una respuesta inmediata”, dijo una mujer desde la puerta de la Defensoría del Pueblo en De 12 a 14 (Tres).
Si bien el gobierno de Santa Fe reconoce el problema, este lunes el ministro de Economía, Pablo Olivares, aclaró que la discusión entre obra social y prestadores de salud Se debe “a la actualización de precios” y a que la provincia “viene pagando”.
Además de señalar que los principales focos de conflicto por el recorte de la atención están en los departamentos de Rosario y ahora también Castellanos, el funcionario afirmó: “No debería haber un recorte porque no estamos ante una discusión de no poder dar el servicio.el miembro es tomado como mecanismo de negociación”.
