La jueza María Servini falló este martes 18 de junio la liberación de 11 de los detenidos por los episodios de violencia registrados en el Congreso Nacional, mientras el Senado discutía la Ley Base y el paquete fiscal. El magistrado dictaminó que los investigados carecían de mérito, mientras los familiares de los detenidos encabezaron una protesta durante la jornada. Marcha en inmediaciones de Plaza de Mayo para exigir la liberación de los detenidos.
De las 16 personas que aún permanecían detenidas a raíz de los incidentes en el Congreso, la Justicia autorizó la libertad de 11: Juan Ignacio Spinetto, Camila Juárez Oliva, Nicolás Mayorga, Saya Lyardet, Héctor Mallea, Cristian Dario Ferreira, Juan Pablo Colombo, María de la Paz Cerruti, Ramona Tolaba, Lucía Belén Puglia y Gabriel Famulari.
El pasado viernes 17 detenidos fueron liberados por falta de pruebas (fotos y videos) de su participación en los actos vandálicos.
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Por decisión del juez Servini, este martes otros 11 individuos fueron liberados de prisión, tras emitirse el falta de mérito respecto de ellos.
Sí OK Fiscal Carlos Stornelli pidió recapturar a 14 de los primeros 17 liberados Por decisión del juez, el magistrado resolvió nuevas liberaciones.
La resolución fue anunciada en un contexto de máxima tensión entre el Gobierno y las familias de los detenidosquien este martes se movilizó frente a la Casa Rosada junto a dirigentes opositores, especialmente grupos de izquierda y Unión por la Patria.
Más de cinco mil personas se reunieron alrededor grupos sociales, partidos políticos y sindicatos Marcharon frente a Balcarce 50 para llevar su demanda de liberación al gobierno libertario. La protesta fue promovida por familiares de los manifestantes detenidos durante la tramitación de la Ley de Bases.
Familiares denuncian detenciones arbitrarias y traslados irregulares
Cinco detenidos permanecen en la causa contra los manifestantes
Cuando ocurrieron los incidentes, El Gobierno llamó “terroristas” a los manifestantes y los acusó de haber intentado “perpetrar un golpe de Estado”.
El polémico concepto de “terrorismo” planteado por el Ejecutivo y la reciente modificación del Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas con Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) generaron polémicas en organismos de derechos humanos, que advirtieron sobre un “combinación de instrumentos legales” típico de un Estado autoritario”.
Por otra parte, fue dictado prisión preventiva para las cinco personas que permanecen detenidasa saber: Patricia Calarco Arredondo, David Sica, Cristián Fernando Valiente, Roberto María de la Cruz Gómez y Facundo Ezequiel Gómez.
CA/GI
