Los congresistas Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez Este jueves expresaron su “indignación” por el posible ingreso legal a territorio estadounidense de la exfiscal del régimen comunista cubano Rosabel Roca Sampedro, a quien responsabilizan “del injusto encarcelamiento de manifestantes” del levantamiento popular del 11 de julio de 2021. en la isla.
“Ella y los agentes del régimen son responsables del injusto encarcelamiento de los manifestantes del #11J y representan una amenaza para nuestra seguridad nacional”, afirman los congresistas de origen cubano en una carta difundida hoy.
La carta está dirigida al secretario de Estado, Antony Blinken, y al jefe del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
Citando un reporte del sitio digital Radio y TV Martí, los congresistas detallan que Roca Sampedro fue fiscal en la provincia de Camagüey, en Cuba, donde tuvo relación directa con el envío a prisión de al menos cuatro “individuos inocentes” por las protestas del 11J, cuyas penas impuestas por el régimen castrista alcanzaron hasta los 20 años de prisión.
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En su papel de fiscal, explica la carta, Roca Sampedro jugó un “papel activo” en la violación de los derechos humanos.
Actuó como fiscal en la causa número 26 de 2022, del Tribunal Municipal de Camagüey, en la que fueron condenados Adrián Quesada Flores, Geovanis Sepúlveda Martínez, Lesyani Heredia Salazar y Yadisley Rodríguez Ramírez a penas que van desde los tres años hasta los cuatro años y cuatro meses. de prisión.
La fiscal salió de Cuba con su hija y ahora intenta pedir asilo político en la frontera México-Estados Unidos a través de la aplicación CBPOne.
Según recientes informes, se encuentra en México y ya solicitó cita en la aplicación, no sin antes borrar un perfil en sus redes sociales donde mostraba su cercanía con el régimen cubano, mientras esperaba su entrevista.
Roca Sampedro, de 42 años, sería el segundo exfuncionario judicial del régimen cubano que pide asilo político en Estados Unidos en poco más de un mes.
“Los violadores de derechos humanos no deberían recibir el beneficio de la entrada a Estados Unidos mientras manifestantes inocentes del 11-J languidecen en las cárceles cubanas”, escribió Díaz-Balart en la red social X.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos salieron espontáneamente a las calles en decenas de ciudades para protestar, en cantidades no vistas en décadas. Las protestas respondieron no sólo a la escasez de alimentos, artículos de higiene personal y medicamentos, los constantes apagones y la falta de electricidad, sino también a las medidas restrictivas adoptadas por el gobierno para “controlar” la transmisión del Covid-19, y a la política histórica de represión por parte del Estado, que ha violado la libertad de expresión y de reunión pacífica durante años.
Si bien las manifestaciones fueron pacíficas, las autoridades respondieron con represión y criminalización, en diversos grados, contra casi todas las personas que se encontraron protestando.
Según la organización Amnistía Internacional, “las protestas fueron un grito desesperado por un cambio en el país”.
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