En una decisión histórica este lunes 10 de junio se conoció que la justicia estadounidense encontró a la multinacional bananera Chiquita Brands responsable de financiar el paramilitarismo en Colombia en la década de 1990, exactamente en Urabá y Magdalena.
El caso se resolvió luego de seis semanas de juicio, luego de 17 años de proceso judicial en el que nueve víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) intervinieron por pagos realizados por la empresa bananera a hombres armados que cometieron varios delitos en diferentes regiones.
El principal abogado de Chiquita Brands argumentó durante más de tres horas que la empresa tuvo que pagar a los paramilitares de las AUC para salvar la vida de los trabajadores y que, además, la presencia de la multinacional en Colombia era positiva.
El abogado de las víctimas, Jack Scarola, refutó los argumentos y aseguró que la empresa hizo un “pacto con el diablo” al optar por financiar a los paramilitares y agregó que, aunque la empresa haya sido amenazada y extorsionada por las AUC, sigue siendo responsable. El abogado afirmó que, según la ley, los abogados de Chiquita habrían tenido que demostrar que él no tenía otra alternativa para probar una defensa por “coacción”.
La relación entre las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y la empresa se dio durante la década de 1990 y principios de la de 2000. En 2007, la justicia estadounidense multó a Chiquita Brands con 25.000 dólares tras declararla culpable de financiar al grupo ilegal. con alrededor de 1,7 millones de dólares.
Ese mismo año, luego de impuesta la multa, varias víctimas del paramilitarismo en Urabá y Magdalena, donde operaba la empresa, presentaron una demanda argumentando que Chiquita Brands no les ha indemnizado.
Aunque en el juicio solo participaron nueve víctimas, cuyos familiares fueron asesinados por las AUC. Sin embargo, el proceso legal contra Chiquita incluye cientos de víctimas cuyos casos podrían resolverse en juicios posteriores o mediante un eventual acuerdo.
Aunque el fallo ocurrió en Estados Unidos, fuentes cercanas al caso explicaron que se aplicará el Código Civil colombiano porque se trata de una empresa estadounidense cuyas decisiones se tomaron en este país. Es decir, según el artículo 2341, las víctimas deberán ser indemnizadas y reparadas por el daño causado.
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