El presidente Gustavo Petro parece haber agotado el combustible político para insistir en una solución a través del diálogo con las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC que operan en el suroeste del país.
El intento guerrillero de la Comisaría de Morales (Cauca) que dejó cuatro muertos -dos policías y dos civiles-, sumado a la detonación de una moto bomba en Jamundí (Valle), son los hechos que, al parecer, desbordaron la paciencia del presidente. .
“La situación en el Cauca es inaceptable. No toleraremos que se siga aterrorizando a la población con ataques terroristas. (…) La ofensiva contra la EMC en el Cauca es total”, dijo Petro al conocer la escalada violenta en el suroeste del país.
El pronunciamiento del jefe de Estado estuvo acompañado de un cambio en el mando del Ejército. Sacaron al general Luis Mauricio Ospina para admitir al mayor general Luis Emilio Cardozo, un alto mando que el propio presidente había ordenado retirar.
El Ministerio de Defensa incluso reconoció en un comunicado que el enroque en el mando ayudará a “fortalecer la seguridad y la defensa de la nación”.
La ofensiva militar contra las disidencias del EMC está activa desde el 17 de marzo, cuando el presidente Petro decretó la suspensión regional del cese al fuego en los departamentos de Cauca, Valle y Nariño. Desde entonces, la Fuerza Pública ha propinado golpes a los ilegales y ha recibido otros.
El 25 de abril, por ejemplo, el Ejército informó que 15 subversivos fueron asesinados durante un combate en Argelia (Cauca). Sin embargo, los ilegales también han intensificado su accionar criminal con hechos como los registrados la madrugada del 20 de mayo en Morales y Jamundí.
“Los resultados positivos que ha logrado la Fuerza Pública contra la autoproclamada EMC en el Cauca son permanentes. Su única forma de expresión es recurrir a ataques terroristas, porque no tienen capacidad para sostener un enfrentamiento con las Fuerzas Militares y Policiales”, dijo el ministro de Defensa, Iván Velásquez, en conferencia de prensa.
El último ataque de los disidentes provocó un aumento de las operaciones. Durante anoche, la Tercera División del Ejército reportó enfrentamientos contra los frentes Dagoberto Ramos y Carlos Patiño de la EMC en los municipios de Santander de Quilichao y Patía (Cauca).
Durante los combates en Patía, el Ejército reportó la muerte del soldado profesional Pedro Pablo Sánchez. Las consecuencias humanitarias del conflicto en el Cauca no cesan (ver gráfico).
Por ahora, las posibilidades de un alto el fuego con estos ilegales parecen descartadas.
“No se acordará ningún nuevo alto el fuego con el autoproclamado Estado Mayor Central en el suroeste del país. Los ataques que esta organización criminal ha realizado contra la población civil eliminan cualquier posibilidad de cese”, enfatizó el ministro Velásquez.
¿Se está acabando el combustible para la Paz Total?
El 27 de agosto de 2022, el recién inaugurado presidente Petro abrió -durante su visita a Ituango (Antioquia)- la posibilidad de sentarse en varias mesas de diálogo con diferentes grupos armados del país. Era una propuesta esperanzadora y ambiciosa.
Desde entonces han transcurrido 90 semanas y los avances en el diálogo con los distintos grupos criminales parecen estar estancados. Mientras tanto, la propuesta de Paz Total pierde capital político.
“Sólo con la EMC hay una acumulación de acontecimientos que han llevado al Gobierno a tomar posiciones más rígidas. Se está acabando la gasolina política para la paz total y llega el momento en que tienen que dar un giro para presentar resultados en la segunda fase de Gobierno”, dijo Max Yuri Gil, director del Instituto de Estudios Políticos de la UdeA.
La pérdida de apoyo a la política de paz del Gobierno se constató el 4 de mayo cuando los gobernadores y alcaldes de las capitales solicitaron levantar el cese al fuego con los grupos ilegales.
“Hasta ahora, la suspensión de operaciones militares ha permitido el fortalecimiento de estas organizaciones ilegales, la instrumentalización de comunidades y la ocupación de nuevos espacios para el incremento de economías ilícitas”, se lee en la carta de los líderes regionales.
El caso es que los disidentes de la EMC aprovecharon el silencio de las armas para ampliar su presencia territorial y fortalecer sus negocios ilícitos.
“(Han) insistido en la necesidad de que haya un cese para poder seguir fortaleciendo la explotación de la minería ilegal y el narcotráfico”, dijo Velásquez.
El senador Ariel Ávila, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, advirtió que la EMC ha movilizado tropas desde el suroeste hacia los departamentos de Tolima y Huila.
“La recomendación al Gobierno es que revise el cese al fuego con la EMC y lo levante en Huila y Tolima. En general, debería revisarse la negociación con la EMC en su conjunto. Eso es una confederación y creo que no va a salir nada”, afirmó Ávila.
La opción del enfrentamiento parece ser la más clara para el Gobierno ante la falta de voluntad de paz de los disidentes.
