Trabajadores docentes y no docentes de la Universidad Nacional de Madres denunciaron que el Gobierno nacional discrimina “ideológicamente” a esa institución, a la que desde enero no le transfiere la asignación presupuestaria que por ley le corresponde. “No cobramos sueldos, no podemos imprimir títulos para graduados, no podemos designar nuevos puestos ni presentar proyectos de investigación por falta de recursos”, informó sobre la crítica situación la Asociación de Profesores de la universidad, que interpreta la actitud oficial como un “intento de vaciamiento”. .” “Quieren que cierre la Universidad de las Madres, quieren que desaparezca. No lo van a lograr. Las Madres nos enseñaron a resistir”, expresaron desde la universidad.
A través de un comunicado que circuló en los últimos días, el gremio docente hizo público que la Universidad Nacional de Madres “no ha recibido ninguna transferencia presupuestal” desde enero pasado. Si bien la institución creada al amparo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo tiene desde octubre pasado el estatus de universidad nacional, lo cierto es que funciona desde 2014 como un instituto universitario de Derechos Humanos.
Sin respuestas
“Tenemos un presupuesto asignado dentro de los recursos que maneja el Ministerio de Justicia –a cargo desde diciembre pasado de Mariano Cúneo Libarona- pero esa cartera no nos ha trasladado aquellas partidas que son nuestras, que pertenecen a nuestra universidad, a sus trabajadores y sus alumnos”, dijo a este diario Mariela Canessa, secretaria general del gremio docente, en diálogo con este diario.
Según explicó el dirigente gremial de la casa, Justicia se niega a entregar las partidas correspondientes al Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Petovello, de cuya subsecretaria de Políticas Universitarias depende la universidad desde el año pasado. El área a cargo del cuestionado Alejandro Álvarez “no ofrece respuesta alguna, lo que demuestra no sólo la intención de vaciar la universidad de recursos sino también de diálogo con el Ejecutivo nacional”, puntualizó Canessa. Tanto el rector de la casa de estudios superiores, Cristina CaamañoAl igual que el gremio docente, han solicitado reuniones con Álvarez en lo que va del conflicto, sin éxito.
“La universidad está completamente desfinanciada por el Estado Nacional”, denuncia el documento que difundió la situación., que habla de “incumplimiento de una serie de derechos y obligaciones” que afectan a la generalidad de su funcionamiento. Además de no poder pagar los salarios de los trabajadores docentes y no docentes, la falta de recursos implicó la falta de pago del seguro estudiantil para el inicio de clases presenciales, becas y alquiler del edificio; también la imposibilidad de desarrollar los proyectos de investigación actuales y poner en marcha nuevas líneas y áreas.
perseguir y acosar
En ese sentido, el gremio interpreta que no se trata de una línea más de ajuste que el gobierno de La Libertad Avanza viene aplicando en otras zonas del estado, sino de una cuestión de asfixia presupuestaria con motivaciones ideológicas. “Se ve la verdadera motivación del Poder Ejecutivo: perseguir y hostigar a la comunidad educativa de la Universidad de las Madres por opiniones políticas e ideológicas, cercenando sus más elementales derechos constitucionales”, afirmaron en el documento público en el que solicitan diseminación. y apoyo comunitario.
Bajo el ala de la Asociación Madres de Madres de Plaza de Mayo que históricamente encabezó Hebe de Bonafini, la Universidad de Madres alberga hoy a 240 docentes y 60 trabajadores no docentes que no cobran su salario desde enero, aunque imparten clases y mantienen el servicio. educativo para 2.240 estudiantes universitarios. “Venimos viendo el descrédito hacia nuestra universidad por razones ideológicas por parte del presidente (Javier Milei) y la vicerrectora (Victoria Villarruel) desde antes de que fueran electos. Quieren que bajemos las persianas, pero seguiremos operando con las limitaciones de no tener presupuestopero con todo el compromiso que podamos ofrecer”, concluyó el secretario general docente.
El ajuste general
La delicada situación de la Universidad de Madres también es parte del feroz ajuste libertario sobre la educación en general. La decisión del Gobierno de ampliar el Presupuesto de Educación 2023 sin considerar el 211,5 por ciento que acumuló el índice de precios al consumo (IPC) el año pasado más el 51,6 por ciento del primer trimestre tuvo, como consecuencia lógica, la mayor desfinanciación de la educación superior pública de la que se tiene registro ( 71 por ciento según cálculo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.
La gestión de Milei pretendía aplicar un presupuesto inicial de 1.385.290 millones de pesos para las 65 universidades nacionales y sus instituciones de salud, misma cifra que hace un año. En marzo hubo un aumento insignificante (2,21 por ciento). Fue una bofetada que intentó frenar la movilización del 23 de abril (un falso “70 por ciento”, ya que sólo aplica a gastos operativos). Así, el presupuesto pasó a ser de 1.440.397 millones, un mísero 4,1 por ciento más que el total. Del presupuesto destinado a las universidades, la principal partida se denomina “Desarrollo de la Educación Superior”, lo que explica el 90 por ciento del gasto total, según un análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Esto incluye el pago de salarios a docentes y no docentes, que representan el 52,2 y 30,5 por ciento respectivamente.
A pesar de la gran movilización en defensa de la educación, el Gobierno aún no ha respondido a la falta de recursos. Ante el retraso en la actualización del presupuesto por la inflación, directivos, docentes y dirigentes sindicales advirtieron que ya se agotaron los montos para cubrir salarios y gastos operativos.
