cómo votaron los mendocinos

Alrededor de las nueve de la mañana de este martes, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Base por 142 votos a favor, 106 en contra y 5 abstenciones. Por su parte, entre los 10 legisladores mendocinos hubo quienes apoyaron la iniciativa y quienes la rechazaron.

Más allá de las diferencias políticas al interior de Mendoza, los legisladores nacionales de Cambia Mendoza, La Unión Mendocina, el Partido Demócrata y La Libertad Avanza votó a favor de la Ley Base: Lisandro Nieri, Pamela Verasay y Julio Cobos (Mendoza cambia); Facundo Correa Llano y Mercedes Llano (PD); Álvaro Martínez (LAUM); y Lourdes Arrieta (LLA).

Por su parte, los tres diputados nacionales mendocinos del Partido Justicialista votaron en contra de la Ley Base: Martín Aveiro, Liliana Paponet y Adolfo Bermejo. El voto de este último, del peronismo de Maip, no coincidió con las declaraciones que meses atrás hiciera el intendente de este departamento, Matías Stevanato, quien había remarcado que “es hora de acompañar a Milei”, ya que el pueblo lo había elegido para un gran mayoría.

Algunos puntos claves de la Ley Base

– Las medidas de privatización están incluidas dentro del capítulo sobre “reforma del Estado”. El proyecto enumera empresas sujetas a privatización como Aerolíneas Argentinas SA, Energa Argentina SA, Radio y Televisión Argentina SE e Intercargo SAU. Adicionalmente se incluyen Nucleoeléctrica Argentina SA y Yacimientos Carbonferos de Río Turbio, pero en estos dos casos se establece que el Estado debe mantener el control o una participación mayoritaria.

– Por otro lado, se propone otorgar concesiones privadas a las empresas Agua y Saneamientos Argentinos SA, Correo Oficial de la República Argentina SA, Belgrano Cargas y Logística SA, Sociedad Operadora Ferroviaria SE (SOFSE) y Corredores Viales SA.

– El Capítulo IV aborda el empleo público, estableciendo que los sindicatos estatales no podrán deducir parte del salario de los trabajadores no afiliados sin su consentimiento explícito. Además, se estipula que a aquellos trabajadores que participen en una huelga se les descontarán de su salario las horas no trabajadas, sin recibir sanciones administrativas. Los funcionarios de las organizaciones eliminadas quedarán disponibles por 12 meses y, de no encontrar otro cargo, serán cesados ​​de la Administración Pública Nacional.

– El Título IV se centra en la “promoción del empleo registrado” en el sector privado, permitiendo a los empresarios regularizar las relaciones laborales de forma previa a la ley con un plazo de 90 días para hacerlo. Los empleadores quedarán exentos de acciones legales, deudas, infracciones, multas y sanciones, y serán eliminados del Registro de Sanciones Laborales.

– Se ha simplificado el Título V de modernización laboral respecto a la versión original. Entre las principales medidas se encuentran la ampliación del período de prueba y la creación de un fondo de indemnización opcional, que se determinará en los convenios colectivos como alternativa a la indemnización.

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– Respecto a los periodos de prueba, actualmente tienen una duración de 3 meses. La propuesta consiste en ampliarlos a 6 meses para empresas de más de 100 trabajadores, a 8 meses para pymes de entre 6 y 99 trabajadores, y a un año para minipymes de hasta 5 trabajadores.

– Una empresa sólo podrá contratar una vez a un trabajador en régimen de prueba. El uso abusivo de los períodos de prueba para impedir la contratación de un trabajador puede dar lugar a sanciones.