Lo más preocupante es que ocupaban puestos jerárquicos dentro de la empresa y habían ingresado al país con visas de turista vencidas.
Este hallazgo no sólo revela un descuido en los controles migratorios y laborales, sino que también levanta sospechas sobre la posible complicidad de la empresa en la entrada ilegal de estos trabajadores. Daniel Quintero, subsecretario de Empleo, ha denunciado públicamente esta situación, criticando a POSCO por su supuesta negligencia y su deseo de “ahorrar unos pesos” a costa de los trabajadores. Es importante señalar que estos empleados no eran trabajadores comunes y corrientes, sino capataces, técnicos, gerentes y jefes, lo que agrava aún más la situación.
Las posibles consecuencias para la empresa y los empleados involucrados aún están por determinar, pero podrían incluir multas para POSCO y la expulsión del país de los trabajadores. Sin embargo, el resultado de la investigación sobre las responsabilidades de la empresa en esta contratación ilegal será fundamental.
En una entrevista realizada por el periodista Héctor Alí (FM Pacífico 92.9) a Alberto Castillo, titular de REMSA, Recursos Energéticos y Mineros de Salta, expresó preocupación por esta situación y destacó la importancia de cumplir con las leyes laborales y migratorias. Castillo destacó el trabajo de las autoridades en la detección de esta irregularidad y destacó la necesidad de que todas las empresas de la zona cumplan con la normativa correspondiente:
“Tenemos que seguir trabajando para que Salta sea un lugar en el que todo el trabajo minero esté registrado, donde se cumplan los controles de bioseguridad que tiene y que fueron un pilar de la gestión del gobierno de Gustavo Sáenz“, el insistió.
Por otro lado, la situación plantea interrogantes sobre los mecanismos de control y supervisión en el ingreso y contratación de personal extranjero en las empresas mineras. Es esencial garantizar que los trabajadores sean contratados legalmente y que se cumplan todas las normas laborales y de inmigración pertinentes.
En esa dirección, Castillo señaló que: “aquí hay una política de seguridad jurídica. Cuando hablamos de seguridad jurídica, o sea a todo el mundo aquí en Salta, cuando tienes una propiedad minera, tienes un juez en el que defiendes esa propiedad minera. Aquí las inversiones están garantizadas, pero también están garantizados los empleos, el cuidado del medio ambiente, el cuidado en que el desarrollo de los proyectos sea exhaustivo”.
Consultado también sobre el cobro de multas millonarias por estos incumplimientos, el funcionario afirmó: “se habla de 10 millones y si tendrán que pagar el doble o el triple, lo tendrán que pagar. Pero no podemos tirar por la borda un proyecto muy importante que tenemos como provincia, de cambiar una matriz económica de esta provincia, de cambiar un proyecto en el que queremos lograr soberanía financiera. Pero esto también se logra cuando tenemos un trabajo formal, un trabajo seguro, con los controles correspondientes, un proyecto en el que no sólo se controlará la producción, sino que esa producción cuide el medio ambiente, que los proyectos “son sustentables, que estos proyectos toman en cuenta la licencia social”, concluyó.
Alarmas encendidas
Para Castillo, lo ocurrido con los trabajadores mineros de POSCO “genera alertas, y Salta trabaja por una licencia social, una licencia laboral y una licencia ambiental, con seguridad jurídica”, enfatizó.
“Al gobierno provincial esto no le gusta, claro, porque no es un buen ejemplo”, dijo, y celebró “el trabajo que ha hecho Migración. Nación, provincia y todas las provincias tenemos que trabajar en equipo y juntas, y creo que es un muy buen trabajo. Hubo denuncia, cayeron los organismos, controlaron el tema, y hay gente, no digo detenida, sino detenida, hasta que termine la situación de residencia”, dijo el titular de la REMSA.
De esta manera, la serie de irregularidades denunciadas y multadas en la empresa POSCO sirve como recordatorio de la importancia de mantener la vigilancia sobre las prácticas laborales y migratorias en el sector minero, así como la necesidad de aplicar medidas firmes para prevenir y sancionar el empleo. ilegal.
