La Justicia argentina declaró este jueves “crimen de lesa humanidad” el atentado perpetrado en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, al considerar que representó una grave violación de los derechos humanos. El Tribunal Federal de Casación Penal, tribunal de segunda instancia, consideró probado que Irán estuvo detrás del atentado que causó 85 muertos y unos 300 heridos, y uno de los jueces pidió reformas legales para que los acusados puedan ser juzgados en rebeldía. El atentado, el mayor perpetrado en suelo argentino, permanece impune.
Según el fallo de los jueces Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Ángela Ledesma, el ataque respondió “a un diseño político y estratégico” de Irán y fue ejecutado por la organización terrorista Hezbolá. Los magistrados abrieron la puerta a que Argentina demande formalmente a Irán, que se niega desde hace tres décadas a colaborar con la justicia local para que los acusados puedan ser llevados ante la justicia. Se trata de siete sospechosos que tienen una solicitud internacional de Interpol y se encuentran protegidos en su país. Las leyes argentinas exigen que sean jurídicamente competentes y designen un abogado para ser juzgado.
“Cuando se trata de delitos como el terrorismo que por su letalidad y magnitud de injusticia ofenden a toda la comunidad internacional, la adopción por parte del Estado de procedimientos alternativos y complementarios que aseguren la posibilidad de impulsar los procesos y evitar así la impunidad de los autores, instigadores y cómplices”, escribió Mahiques para argumentar la necesidad de una reforma legal que permita ser juzgados en rebeldía. “Un recurso de este tipo que sería útil y adecuado para facilitar y garantizar el derecho a la verdad y un mejor acceso a la justicia de las víctimas del terrorismo es el llamado juicio en ausencia”, dijo el magistrado.
En 2013, los gobiernos de los dos países firmaron un memorando de entendimiento que buscaba crear una comisión de la verdad para investigar el ataque, pero el acuerdo nunca entró en vigor y dio lugar a un caso contra la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por presunto encubrimiento por parte de los autores del ataque.
La investigación judicial sobre este atentado ha sido una de las más complejas de la historia argentina. Los primeros años fueron tan caóticos que se abrió proceso contra el primer juez de instrucción, Juan José Galeano, por pagar a un testigo para que señalara a agentes de policía como vínculos locales con los terroristas que volaron la mutual judía ubicada en Buenos Aires. El entonces presidente Carlos Menem también fue investigado por presuntamente desviar la investigación, pero Menem fue absuelto en 2019.
Este jueves, los jueces rebajaron la pena de Galeano de seis a cuatro años y condenaron al exmecánico Carlos Telleldín a un año y nueve meses por cobrar una recompensa con dinero de los servicios de inteligencia. Los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia fueron condenados a dos años de prisión, la misma pena que para el militar Patricio Miguel Finnen.
En una entrevista radial posterior, el juez Mahiques pidió tener cuidado para garantizar que no se repita un ataque en Argentina. “Tenemos que estar equipados como Estado para afrontar una amenaza de estas características”, advirtió en declaraciones en Radio con vos.
El atentado contra la AMIA se produjo sólo dos años después de un primer atentado contra la embajada de Israel, también en Buenos Aires, que causó 22 muertos y casi 250 heridos.
Suscríbete aquí a la newsletter de EL PAÍS América y recibe toda la información clave de la actualidad de la región.
