Luego de las maniobras del gobierno de Gustavo Petro esta semana, de intervenir en las dos EPS más grandes del país, la pregunta en muchos círculos es ¿hacia dónde vamos a ir?
El gobierno aún es joven. Han pasado 609 días desde su toma de posesión y faltan 852 para que entregue el poder. Pero en menos de dos años el ritmo de radicalización es tan acelerado que alimenta un nivel de incertidumbre con pocos precedentes sobre lo que puede suceder hasta el 7 de agosto de 2026.
“El tiempo me confunde”, dice Andrés Mejía, analista político. “Esta curva de deterioro podría darse, pero no me imaginaba estar así en abril de 2024, ¿qué hacemos con todo el tiempo que queda?” Gustavo Duncan, politólogo de Eafit, advierte que “no debemos trivializar lo que está pasando”.
En el primer año, Petro pasó de proponer un gran acuerdo nacional y armar una gran coalición de centroizquierda, a desarticularla, destituir a sus ministros liberales y empezar a hablar de ruptura institucional. Y en el segundo año ya denuncia inminentes golpes de Estado, ha cambiado a 11 ministros, promueve una asamblea constituyente agitando al “pueblo”, y respondió al colapso de su reforma sanitaria con la intervención de dos EPS con 15 millones de miembros.
Para intentar responder a lo que podría pasar, La Silla armó tres escenarios posibles. Tienen altas dosis de especulación, no son predicciones y el futuro puede ser una combinación de varias de ellas. Dependen tanto de cómo actúa el gobierno como de la respuesta de otros actores políticos, entidades de control, tribunales, militares, el sector privado y la comunidad internacional.
Estos son los escenarios:
1. Después de la tormenta, un acuerdo nacional
El presidente Petro entiende que su camino para lograr cambios por la vía institucional está cerrado y decide llegar a acuerdos. Recibe el mensaje de las masivas marchas opositoras. Sopesa los riesgos del camino actual para el sistema de salud, las infraestructuras, la energía, los hidrocarburos y la seguridad, y calcula que el momento le da poder de negociación. Pero sabe que tiene que ceder para dejar un legado de gobierno.
Lo hace frente a un establishment económico y político preocupado por la incertidumbre y consciente de la necesidad de evacuar la “explosión controlada” acumulada por el desempleo, la pandemia, la llegada de la izquierda y décadas de problemas estructurales que han envejecido mal. Deciden ceder ante un líder que ha traspasado la línea del poder presidencial, a pesar del precedente negativo y los costos políticos, para contener su ímpetu revolucionario en una agenda reformista concertada.
En medio de la actual crisis política, hay casos puntuales en los que ya hay acuerdos en marcha. En total paz con la participación del Uribismo. En el sector agrícola con grandes empresarios. Con los cafetaleros, aunque el presidente crea un problema, sus ministros negocian con la Federación a puerta cerrada. En el Congreso con reformas importantes como las de pensiones y jurisdicción agraria que siguen vivas.
Ante la propuesta de un acuerdo real, que incluye renunciar a la idea de formar una asamblea constituyente, Petro logra reunir al centro político y a varios líderes de la oposición. Un sector de la derecha sigue oponiéndose ferozmente, pero es minoritario.
Los acuerdos aterrizan en escenarios mixtos de asambleas populares y mesas técnicas con sindicatos, que producen insumos para reformas y decretos. La Superintendencia de Salud modifica las intervenciones a las EPS e impone, en su lugar, medidas especiales de vigilancia. La reforma agraria avanza con compras de tierras y desarrollos agroindustriales. La agenda legislativa se revitaliza con aportes de las mesas y asambleas, y el Congreso aprueba reformas concertadas en salud, pensiones, trabajo y educación.
Los intentos de un grupo opositor de juzgar a Petro en la Comisión de Acusaciones no avanzan. El presidente entrega el poder en 2026.
2. Contención democrática del populismo autoritario
Petro duplica su apuesta. La Superintendencia de Salud avanza con intervenciones en Sura y Comfandi, y acepta propuesta de liquidación de Compensar y transfiere sus afiliados a la Nueva EPS. Apuesta por crear su modelo público preventivo a partir de ahí, ya que los problemas en la atención que surgen pueden atribuirse a la mala gestión y corrupción del sector privado en el pasado.
Las medidas galvanizan a los opositores. En la marcha del 21 de abril, más de un millón de personas salen a las calles. Además de los convocantes de la oposición, se suman importantes figuras del centro y centroderecha. Los exministros Alejandro Gaviria y Cecilia López. Claudia López viaja desde Boston para asistir, y con ella varias figuras del Partido Verde como Katherine Miranda y Catherine Juvinao. También aparecen Vargas Lleras y Uribe.
De ahí surge un frente único de resistencia al gobierno bajo la premisa de contener a Petro hasta el final del período. Este frente frena también a las facciones más radicales de la derecha, de reservistas políticos y militares, que promueven un impeachment o incluso un golpe de Estado.
El acuerdo es trasladado, en reuniones privadas, a los tribunales, entes de control y al Congreso, para que actúen de manera firme pero contenida. Para que eviten la tentación del protagonismo y los excesos con cálculos electorales, como el de Alejandro Ordóñez cuando Petro era alcalde de Bogotá, y eviten alimentar la narrativa de persecución al gobierno.
Pero el presidente insiste en su reforma constitucional. Ante la movilización popular pacífica del frente único de centro y derecha, promueve asambleas populares y cabildos en las regiones donde es más fuerte. Moviliza acontecimientos con sus bases y explora formas de convocar a una asamblea por decreto, pero se activa el control judicial para detenerlo.
Su apoyo popular, ya disminuido, se reduce aún más. Empieza a tener números de rechazo similares a los de Iván Duque y Juan Manuel Santos. La crisis del sistema de salud se agrava y los casos mediáticos de corrupción y muertes de integrantes de las Nuevas EPS terminan atribuyéndose a la acción gubernamental. Los subsidios se entregan a medias en medio de la ineficiencia administrativa y no son suficientes para movilizar a grandes sectores populares. La comunidad internacional rechaza el autoritarismo del presidente y Estados Unidos deja de cooperar con el gobierno.
El Congreso, impulsado por el frente único de opositores, procesa las reformas propuestas por el gobierno con proyectos más moderados iniciados por los congresistas. El presidente, cada vez más aislado, se niega a firmarlos. Su contacto con el gabinete se vuelve cada vez más distante, sus ausencias más notorias, sus divagaciones en las redes sociales más incomprensibles y su difusión de desinformación aumenta.
Petro mantiene el apoyo de un núcleo duro de la izquierda incondicional, que se apoya en denuncias de golpes suaves y bloqueo por parte de la oligarquía, pero está perdiendo el apoyo de sectores importantes del movimiento social.
El gobierno termina después de dos años de grandes crisis sectoriales y escándalos de corrupción, pero termina.
3. Caos autoritario y colapso democrático
La radicalización del presidente encuentra un espejo en la oposición. En la multitudinaria marcha del 21 de abril, el exministro Alejandro Gaviria, la única figura del centro que se atreve a salir, es abucheado y tiene que irse.
En la Plaza de Bolívar instalaron una tarima donde miembros de la reserva del Ejército anuncian la creación de un nuevo partido y advierten que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para defender la democracia frente a los excesos del gobierno. Llaman a la desobediencia de miembros activos de las fuerzas militares.
El presidente Petro responde con una nueva salida masiva de generales y denuncias de que el establishment quiere destituirlos. Acelera su desmantelamiento del sistema de salud y utiliza los recursos millonarios que controla para comprar congresistas de los partidos tradicionales y disolverlos.
El fiscal Cabello inicia una racha de suspensiones agresivas de funcionarios, a lo que el gobierno responde nombrando funcionarios más leales y radicales. El Congreso entra en parálisis, con fuerzas divididas y un centro desorientado y aislado. Los superintendentes desatan sus poderes discrecionales para intervenir en empresas de servicios públicos, medios de comunicación y bancos, y radicalizar cada vez más sectores.
En medio de su creciente desconfianza hacia la Fuerza Pública, el gobierno une fuerzas con el ELN para combinar el proceso de participación de la mesa de negociación con los cabildos y asambleas constituyentes. La promesa de una nueva constitución, que permita la reelección de Petro y haga concesiones al ELN, acelera un acuerdo. Las potencias armadas utilizan su capacidad de movilización para alimentar contraprotestas a las movilizaciones ciudadanas de una oposición cada vez más radicalizada.
Hay enfrentamientos violentos en las calles y ruido de sables que llevan a la emisión de medidas extraordinarias por parte del gobierno, como una declaración de conmoción interna, que le otorga más poderes para impulsar reformas por medios administrativos, realizar cambios presupuestarios y gestionar más recursos. . . Las crisis sectoriales son explicadas por Petro como parte de una estrategia de sabotaje ilegal. El poder judicial actúa desorientado en medio de dos autoritarismos y el país entra en un camino de ruptura democrática y caos. Petro está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para ser otro Chávez u otro Allende.
