El fiscal Juan Manuel Puig, de la Fiscalía Regional N° 5 de la ciudad santafesina de Rafaela, imputó a 8 empleados de la cooperativa láctea SanCor de la planta que opera en Sunchales por los delitos de “amenazas calificadas con el propósito de obligar a otras personas a abandonar su lugar de trabajo”. Entre los motivos para decidir la acusación, Puig también incluyó cargos de “usurpación por perturbación de posesión” y “amenazas coercitivas”.
Este conflicto entre la cooperativa y sus trabajadores se prolonga desde hace varios meses, con fuertes protestas del sindicato del sector ATILRA (Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina). La semana pasada se habían celebrado audiencias de imputación y las denuncias de Sancor involucraban a unas 40 personas -casi todas del cuerpo de delegados- que bloquearon la planta principal de la cooperativa e impidieron a los empleados acceder con normalidad a su trabajo. Hace diez días, además, el Movimiento Empresarial Antibloqueo (MEAB) apoyó las seis denuncias en curso contra las medidas sindicales.
La decisión de la cartera de Seguridad provincial de enviar cuerpos policiales en el mes de febrero de este año se produjo luego de que el Ministro de Trabajo de Santa Fe, Roald Bascoloaseguró tras una visita a la planta que No iban a permitir bloqueos por diferentes grupos sindicales reavivaron el conflicto.
Los bloqueos sindicales comenzaron en octubre de 2023, aunque antes, en 2017, habían existido situaciones similares. En los primeros días de ese mes, debido al colapso de un fideicomiso que se iba a crear para pagar las cuantiosas deudas de SanCor, el gremio lácteo inició reuniones de 4 horas por turno que complicaron la producción y comercialización de sus productos. Al ser un proceso continuo, se tuvieron que desechar más de 100 mil litros de leche.
En esos primeros días de octubre, según fuentes de SanCor, “hubo muchos ataques, mucha violencia, pero por miedo no se hicieron denuncias”. Posteriormente la situación se volvió insostenible y se decidió recurrir a los tribunales. “Sabemos dónde vives y vamos a ir a buscarte”, dijeron a varios productores que abastecían a la cooperativa.
La conciliación obligatoria que se había emitido en diciembre dejó en suspenso la licitación entre las partes. A principios de año, a pesar de que las deudas de la cooperativa comenzaron a pagarse, Continuaron las amenazas contra los trabajadores para impedirles ir a trabajar..
Para el cuerpo de delegados de ATILRA en Sancor, sin embargo, la presencia policial significó “una escalada de intimidación”. En una carta abierta dirigida al gobernador Maximiliano Pullaro, los delegados denunciaron que el ministro Báscolo incurrió en “un grave incumplimiento de sus deberes como funcionario público” y que intentó “asfixiar la demanda laboral”. Incluso recibieron el apoyo de la delegación Rafaela de la Confederación General del Trabajo, que emitió un comunicado con fuertes críticas al dirigente provincial.
En SanCor aseguran que incluso en pedidos del sindicato que lidera Héctor Ponce -es secretario general desde hace 22 años- “fue blanqueada la intención de fundir SanCor, derrotarla y terminar recomprándola a través de fondos cercanos a ellos”. .” Señalan que estos fondos provendrían de un despacho de abogados de Rosario que pretende constituir otro fideicomiso para quedarse con la empresa.
Las denuncias no alcanzan sólo a la planta ubicada en Sunchales, que es la más importante en número de empleados y producción. También en Devoto y Balnearia, donde se realizaron asambleas en medio de la conciliación obligatoria, algo que la ley no permite, ocurrieron hechos irregulares. SanCor tuvo que cerrar otra planta, la de San Guillermo, que había reabierto después de tres años, por presiones sindicales.
Cuando el gobierno santafesino decidió reforzar la seguridad en Sunchales, el ministro Báscolo explicó que “lo pactado con la empresa es un operativo policial cuando entran y salen los camiones que transportan y traen la leche para que puedan garantizar el correcto funcionamiento de la empresa”. . . Además, empleados que quieran trabajar. Simplemente, eso es todo. Garantizamos la entrada y salida de vehículos y que el personal pueda acudir a trabajar”, dijeron en el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial.
“Respetamos el derecho de huelga, teniendo quejas de trabajadores que no recibieron su salario completo”, agregó el funcionario.
