El Gobierno de La Rioja gastó 26,71 millones de euros en contratos de emergencia durante la pandemia, en su mayor parte a través del Ministerio de Sanidad (22,6 millones). El Ejecutivo entonces presidido por Concha Andreu recurrió masivamente, como todas las administraciones públicas, a esta excepcional vía de contratación -sin apenas controles administrativos- durante la fase más aguda de la pandemia y con la declaración del estado de alarma sobre la mesa, ya que había que ser especialmente rápido.
El Tribunal de Cuentas, en un informe sobre la supervisión de los contratos de varias autonomías, ya ha planteado objeciones a los expedientes de La Rioja, detectando un “abuso” en algunos casos de la emergencia por no estar debidamente justificados -campañas publicitarias, por ejemplo-. o algunas compras de la Universidad de La Rioja. Entre los expedientes a los que objetó también estaban las dos adquisiciones de mascarillas por parte del Ejecutivo de Andreu, las compradas a la empresa granadina Tec Pharma, en las que ya se confirmó que no cumplían los requisitos del contrato, y las de la Empresa riojana Arneplant, en este caso por la entrega del material con un retraso de mes y medio.
Comisiones de investigación
El caso es que, al final, ninguna de las mascarillas -dos de los contratos más importantes firmados durante la pandemia por el Gobierno de Rioja- fueron repartidas entre el personal sanitario, por lo que la gran mayoría permanecen almacenadas o, en el caso de Arneplant, También se distribuyeron sin éxito en las escuelas.
El Senado ha abierto ahora una comisión de investigación para analizar las compras de mascarillas en pandemia en todo el país, tras el estallido del ‘caso Koldo’, aunque el Parlamento de La Rioja creó anteriormente una comisión de investigación para estos contratos, pero, finalmente, la pasada legislatura acabó sin que se hubiera celebrado una sola reunión de dicha comisión, que, en su momento, el PSOE apoyó pero no convocó.
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