Absuelto el psiquiatra del hombre que apuñaló a un policía frente al Malba

Absuelto el psiquiatra del hombre que apuñaló a un policía frente al Malba
Absuelto el psiquiatra del hombre que apuñaló a un policía frente al Malba

El psiquiatra Jorge Monforte fue absuelto en un caso de alto impacto nacional. Así es la muerte del policía Juan Pablo Roldán, apuñalado por el paciente psiquiátrico Rodrigo Facundo Roza. Ese lunes 28 de septiembre de 2020, tanto el oficial inspector como el paciente psiquiátrico terminaron muertos producto del incidente. Roldán por las puñaladas; Roza, por los disparos de Roldán. La acusación contra Monforte era muy grave: que no había atendido a su paciente como debía…abandono de persona seguido de muerte– y eso llevó a la homicidio del policía. La fiscalía y la familia solicitaron penas de prisión efectiva para la inhabilitación profesional y larga, para la responsabilidad por las dos muertes. Sin embargo, Monforte fue absuelto en un fallo que, según su defensor, Vadim Mischanchuk, “supone un antes y un después en la atención psiquiátrica”. Evaluado el juez Carlos Rengel Mirat que fue un caso en plena pandemia, que aun así Monforte atendió personalmente a Roza varias veces, que la paciente dejó de tomar la medicación y que el fin de semana de la crisis incluso gestionó la intervención de un servicio de urgencias psiquiátricas -hay ambulancias psiquiátricas privadas y del SAME-, pero Roza se calmó por unas horas y a la mañana siguiente salió gritando “tengo que matar porque ofenden a los dioses”. En otras palabras, un psiquiatra no puede ser considerado responsable en el momento de la crisis, cuando deben intervenir los servicios de emergencia. El fallo fue confirmado por el Tribunal de Casación.

Un caso dramático

Monforte comenzó a tratar a Roza en 2014 y le diagnosticaron “trastorno esquizofrénico paranoide”. El tratamiento fue bastante regular durante años y la propia familia declaró que Facundo -como lo llamaban- había mejorado mucho en 2019. Pero luego llegó la pandemia y todo empeoró.

Para la familia el proceso fue muy duro. Facundo no tenía antecedentes de violencia de la gravedad de aquel lunes de septiembre. Registró haber ido dos veces a la embajada de Estados Unidos, una en Canadá, en 2011, y otra en Argentina. Apareció gritando y entregando cartas dirigidas a Barak Obama y Donald Trump. En una de esas ocasiones lo hizo desnudo. Aparte de eso, hubo empujones, insultos, gritos, pero no uso de cuchillo.

No solo mató al covid

En 2020 todo se volvió más difícil, primero porque el psiquiatra Monforte fue operado del corazón en enero y luego vinieron las restricciones de circulación. Y, además, el psiquiatra contrajo covid en agosto. Pese a esta situación, Monforte atendió personalmente a Roza en varias ocasiones durante la pandemia, incluida una consulta presencial el 18 de septiembre, diez días antes de la tragedia.

El fin de semana del domingo 29 y lunes 30 se produjo un fuerte empeoramiento de la situación. Sucedió que Roza había dejado de tomar el medicamento y estaba en una especie de rabia, que era muy difícil de contener para su madre -que vivía con él-, una persona mayor, viuda y con problemas de salud. El juez considera probado que Monforte habló varias veces por teléfono con la familia, insistió en la medicación y se ofreció a iniciar los trámites prepagos para que, de ser necesario, lo hospitalizaran. “La sentencia establece que un psiquiatra que trata a un paciente con moderación no puede ser considerado responsable en caso de crisis”, explica el abogado defensor Vadim Mischanchuk. En ese caso tiene que intervenir el servicio de urgencias. Y, además, no se le puede admitir así sin más. El propio juez sostiene que la ley exige que dos profesionales decidan. Cuando hay una crisis, el tema pasa al servicio prepago o SAME, que tienen ambulancias psiquiátricas”.

Lo que dijo el juez

La familia de Roza pidió diez años de prisión para Monforte y una larga inhabilitación, mientras que el fiscal Sandro Abraldes razonó que no hubo intencionalidad en la actuación del psiquiatra, sino imprudencia. Abraldes solicitó tres años de prisión suspendida e inhabilitación por ocho.

El juez absolvió a Monforte con los siguientes argumentos:

* No hubo abandono de persona ni imprudencia o negligencia. El psiquiatra intervino en todo momento y no pudo ignorar la ley en materia de hospitalización cuando no se cuenta con el consentimiento del paciente.

* El psiquiatra no tiene responsabilidad sobre el cumplimiento de la medicación por parte del paciente. “No puede estar presente cada vez que debe tomar una pastilla”, resume el magistrado

*La hospitalización no dependió de Monforte, está sujeta a un equipo. El psiquiatra pudo activar la orden y lo hizo contactando a la empresa prepaga. Los familiares, la noche del domingo, detuvieron el proceso de internación, porque vieron a Facundo más tranquilo.

* No era imprescindible que Monforte estuviera presente aquella noche del domingo, porque la situación de crisis debe ser atendida por el servicio de urgencias. Además, Facundo había salido de la casa y no se sabía dónde se encontraba.

*Se evidencia que el profesional atendió al paciente durante la pandemia.

* ”Antes del lamentable hecho – afirma el juez – no había indicios de tal violencia. Desnudarse, menear la cabeza, decir incoherencias o empujar no pueden considerarse antecedentes violentos”.

El fallo del juez de primera instancia, Rengel Mirat, fue confirmado la semana pasada por Gustavo Bruzzone y Pablo Jantus, de la Cámara de Casación. Consideraron que la familia de Roza no logró refutar la postura del magistrado. Un dato llamativo es que el juez Rengel Mirat consideró que los denunciantes -la madre de Facundo y sus hermanos- deberían quedar exentos de pagar las costas del proceso “porque es comprensible la dramática situación que los llevó a formular la demanda”.

Rengel Mirat cierra con la siguiente decisión: “dejar al Ministerio Público las comunicaciones a las autoridades sanitarias que considere relevantes sobre las falencias e irregularidades del sistema de salud referidas por los testigos”. En una palabra, los familiares se ven obligados a realizar trámites que retrasan la intervención de las ambulancias -cantidad insuficiente- cuando los minutos son decisivos y marcan la diferencia entre la vida y la muerte.

 
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