El presidente Joe Biden está preparando una orden ejecutiva que limita las solicitudes de asilo y permite cerrar la frontera con México una vez se supere un cierto número de cruces ilegales. La medida será anunciada el martes por el presidente, quien estará acompañado de alcaldes de ciudades fronterizas, zonas que han sido impactadas por el aumento de los flujos migratorios durante la Administración demócrata. El Ejecutivo lleva preparando la medida desde abril. Este llegará en plena campaña electoral rumbo a los comicios de noviembre, proceso donde la gestión de fronteras es uno de los temas que más preocupa al electorado.
La orden permitirá a los agentes de inmigración deportar rápidamente a quienes ingresen al país ilegalmente. Aún no se sabe qué tope se pondrá el Gobierno para decretar el cierre de la frontera. De acuerdo con Político, algunos responsables de la Administración han fijado la cifra en 4.000 cruces diarios a lo largo de una semana. Una vez que se alcance esta cuota, los agentes de inmigración comenzarían a devolver rápidamente a los recién llegados.
Para ello, Biden hará uso de la sección 212 (f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, un recurso utilizado por Donald Trump durante su presidencia para imponer una política migratoria draconiana e impedir las entradas a Estados Unidos. El expresidente republicano invocó este texto para llevar a cabo su polémico veto a musulmanes de seis países en 2017. Por ahora, parece que la orden ejecutiva protege a los menores no acompañados, que quedarían exentos de la nueva norma.
La orden ejecutiva también endurece la concesión de asilo, una de las protecciones que sirven como pilar de los derechos en Estados Unidos. Actualmente, el Gobierno procesa alrededor de 1.450 solicitudes diarias en los puertos de entrada. Las autoridades de inmigración llevan meses luchando para que estos procesos se inicien en una aplicación móvil y desde el país de origen de quienes deseen obtener este derecho. El Departamento de Seguridad Nacional, del que depende la Patrulla Fronteriza, busca garantizar que los agentes que realizan las primeras entrevistas para conceder asilo tengan mayor libertad para rechazar antes a quienes no califican. Se estima que hay unos dos millones de solicitudes de asilo esperando a ser resueltas por jueces especializados en migración. La gran mayoría de estas personas están esperando la resolución de sus casos en Estados Unidos y llevando una vida normal.
Biden lleva meses cocinando la propuesta. Fue a principios de abril cuando se supo que el presidente preparaba una medida de control fronterizo. Desde entonces y hasta ahora se ha compartido el espíritu general de la medida, pero no grandes detalles. La Casa Blanca no descarta que la orden ejecutiva sea llevada a los tribunales por organizaciones de derechos humanos o por estados republicanos, muy críticos con la posición del presidente en materia de gestión de fronteras.
“Cualquier decisión de la Administración de criminalizar a padres, niños e individuos que buscan seguridad en nuestra frontera sería una repetición inútil de los errores del pasado”, afirma Marisa Limón, directora ejecutiva del centro Las Américas, que apoya a los migrantes. Esta organización tiene su sede en El Paso, Texas. Se espera que el alcalde de esta ciudad fronteriza sea uno de los que acompañen a Biden en la firma de la orden ejecutiva.
La propuesta llega en un momento en que la frontera vive momentos de tensa calma. Los cruces ilegales volvieron a caer en mayo por tercer mes consecutivo. La Patrulla Fronteriza registró 118.000 detenciones (unas 3.800 diarias), una disminución con respecto a los 129.000 cruces detectados en abril. En marzo eran 137.000. Las cifras están lejos de las cerca de 250.000 detenciones que se realizaron en diciembre de 2023, el mes más grande de la historia desde que se llevan registros. El Gobierno de Estados Unidos ha admitido que la caída de estas cifras ha sido posible debido a los frenos que las autoridades mexicanas han impuesto a los migrantes que buscan llegar al norte.
La orden ejecutiva será un arma que Biden podrá vender al electorado durante el debate con Trump, previsto para el 27 de junio. El republicano, en cambio, tiene entre sus promesas de campaña cerrar la frontera con México el primer día de su mandato. Regreso a la Casa Blanca. Además, ha utilizado su retórica xenófoba y antiinmigrante durante toda la campaña electoral.
El Ejecutivo demócrata ha insistido en que el control de la inmigración debe ser tarea del Poder Legislativo. Sólo la acción del Congreso podría asegurar un área que sea una prioridad para ambos partidos antes de las elecciones de otoño. Un grupo bipartidista de senadores negoció durante semanas una norma ambiciosa que contó con la aprobación de la Casa Blanca. Esto, sin embargo, fue rechazado por los republicanos, que no querían darle a Biden una victoria en uno de los flancos más importantes camino a las urnas. Una segunda votación sobre esta ley fracasó el 23 de mayo, cuando el Senado volvió a negarla. En esta ocasión, varios demócratas lo rechazaron, criticando que el Gobierno seguía pasos marcados anteriormente por el trumpismo.
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