El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó hoy un nuevo estado de excepción aquí, en medio de una crisis energética y a pocos días de la consulta popular, según Prensa Latina.
El motivo de la medida responde a la emergencia que vive el sector eléctrico, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio público eléctrico, detalló el documento.
El nuevo estado de excepción, que durará 60 días, da paso a una emergente y urgente intervención de las instituciones estatales para proteger la prestación del servicio eléctrico, según el Ejecutivo.
Con esta decisión, el Presidente Noboa dio paso a personal militar para resguardar las centrales hidroeléctricas a partir de este viernes.
La disposición se produce en medio de denuncias del gobierno por presunto sabotaje en el sector eléctrico.
Este jueves, la administración acusó a funcionarios del sector del repentino vaciado de la presa de Mazar, uno de los embalses más importantes del país que alimenta un complejo hidroeléctrico en el sur del país.
El secretario de Comunicación de la Presidencia, Roberto Izurieta, afirmó en una entrevista la víspera con el canal local Teleamazonas que “se abrieron las compuertas” y “dejaron correr el agua”.
El Gobierno insiste en afirmar que la presa fue vaciada deliberadamente como sabotaje contra la consulta popular del próximo domingo, un proceso clave para el futuro del presidente y del país.
La acusación recibió respuesta del gerente de la división Sur de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), José Gómez, quien en declaraciones a la televisora RTS afirmó que “lamentablemente ha circulado información que no es la adecuada”. Según Gómez, la presa no tiene compuertas y agregó que toda la programación de niveles la hace el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) y allí solo se cumplen sus disposiciones.
En ese contexto, Ecuador se prepara para acudir a las urnas este domingo, cuando unos 13 millones de ciudadanos aquí deberán responder 11 preguntas en la consulta popular y referendo propuesto por el gobernante Noboa.
Con esta iniciativa, el presidente ecuatoriano busca reformar las leyes vigentes sobre el control de armas y municiones por parte de las Fuerzas Armadas, así como la tipificación de los delitos por tenencia de armas y aumentar las penas por terrorismo o crimen organizado.
La propuesta del presidente ha sido calificada de errática e innecesaria, ya que abarca temas que pueden ser discutidos en la Asamblea Nacional (Parlamento) sin necesidad de realizar el proceso.
