Patricia Chirinos denuncia constitucionalmente a la Fiscalía General por archivar la investigación a Martín Vizcarra

Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, es denunciado constitucionalmente por la diputada Patricia Chirinos ante el Congreso. Composición de Infobae.

la congresista de Avances del país, Patricia Chirinos, presentada este lunes ante el congreso de la republica, una nueva denuncia constitucional contra el ahora fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, con la que busca su inhabilitación por 10 años. Con esta medida se suma una denuncia más contra el dueño del Ministerio Público; esta vez, por haber decidido archivar la investigación preparatoria que se adelantaba contra el expresidente Martín Vizcarra por el escándalo de la compra de pruebas rápidas para detectar el COVID-19.

En el documento del denuncia constitucional contra el dueño de la Fiscalía Nacional, cual Infobae Perú tuvo acceso, Villena Campana está acusado de cometer el presunto delito de abuso de autoridad, prevaricación, patrocinio ilegal y demora de actos funcionales; por haber archivado las investigaciones contra el expresidente Martín Vizcarra por el escándalo de las pruebas rápidas en la pandemia.

Según la denuncia constitucional presentada por Chirinoslas investigaciones y los motivos para justificar las investigaciones contra el exdignatario se basan en que “se obtuvieron pruebas sin respaldo técnico, lo que pudo haber perjudicado gravemente la salud pública”.

Denuncia de Patricia Chirinos contra el Fiscal General, Juan Carlos Villena. Infobae Perú.
Denuncia de Patricia Chirinos contra el Fiscal General, Juan Carlos Villena. Infobae Perú.

Aun así, la congresista investigada sostiene que Villena, quien fue designada fiscal interina, archivada la investigación sobre la compra de un millón 400 mil pruebas rápidas, pese a tener reportes adversos por parte del Contralor General y de congreso de la republica. Estos documentos habían indicado que las pruebas no cumplían con los estándares necesarios para un diagnóstico preciso de COVID-19 y que fueron adquiridas ignorando las recomendaciones del Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Chirinos busca justificar sus acusaciones contra Villena, así como el pedido de inhabilitación por 10 años en su contra, alegando que “todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación y (el Procurador General) no ha cumplido con esta obligación”. ; ya que su decisión de archivar la investigación impidió el esclarecimiento de responsabilidades y la implementación de medidas correctivas en el manejo de la pandemia.

Por si fuera poco, Chirinos también solicita procesamiento penal contra Villena, si se determina su responsabilidad ante el Congreso de la República mediante un proceso de impeachment. La congresista asevera que al archivar la investigación Villena incumplió su deber de “defender la legalidad y proteger los intereses públicos, violando así los artículos 39 y 159” de la Constitución Política del Perú.

Parlamentario de Fuerza Popular busca explicaciones por decisión a favor del expresidente Martín Vizcarra. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)
Parlamentario de Fuerza Popular busca explicaciones por decisión a favor del expresidente Martín Vizcarra. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

El caso tiene sus raíces en una reunión del 18 de marzo de 2020 en la sede del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al que asistieron altos funcionarios, incluido el entonces presidente Martín Vizcarra. En esa reunión se acordó la compra de pruebas rápidas sin suficiente apoyo técnico-científico. Al día siguiente, el Decreto de Urgencia N° 028-2020lo que permitió la compra de estas pruebas.

Posteriormente, informes de la Contraloría General revelaron que el Instituto Nacional de Salud (INS) Gastó más de 105 millones de soles en estas pruebas, que no fueron adecuadas para detectar el virus en sus fases iniciales. Estos informes también señalaron omisiones en el control y supervisión de la distribución de estos bienes.

En ese mismo sentido, el Comisión de Supervisión y Contraloría del Congreso investigó el caso y concluyó que varios funcionarios de alto nivel, entre ellos las exministras de Salud y Economía, María Elizabeth Hinostroza Pereyra y María Antonieta Alva Luperdi, respectivamente, participaron en decisiones contrarias a las actuales políticas de salud, que solo avalaban el uso de pruebas moleculares.

 
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