Pablo Carranza
– ¿Qué le parece que hayan autorizado el viaje de la presidenta Dina Boluarte a China?
Bueno, es una contradicción porque por un lado tenemos una presidenta que dice preocuparse por los más pobres y la recuperación económica, sin embargo, ella y sus ministros son los más viajeros de este siglo. Hay una inconsistencia que sin duda forma parte del conjunto de pifias de las que Dina Boluarte es protagonista.
– ¿Pero no sería correcto considerando que China es el primer socio comercial del Perú?
Pero, sin necesidad de ello, los primeros lineamientos del Tratado de Libre Comercio e Intercambio Comercial ya tienen 18 años, ¿no? desde el primer gobierno de Alejandro Toledo. Entonces, ahora lo que tiene que hacer es mejorar la competitividad de las empresas peruanas. Los mercados ya están ahí, lo que falta es competitividad y ¿cómo se puede mejorar? Fundamentalmente con seguridad ciudadana e infraestructura y en ambos casos el gobierno de Dina Boluarte es un desastre.
– ¿Qué opina de la ley que busca establecer la prescripción de los crímenes de lesa humanidad?
Ahí nos damos cuenta cómo ha estado vendiendo un sector, los medios locales, ¿no? Esta no es una cuestión de prescripción, es una cuestión que tiene que ver con el momento de la medida y el momento en que se ejerció la falta y desde cuándo está vigente para el país. Según el protocolo de Roma de 2002, esto ha generado una gran confusión. Aquí no estamos iniciando ni perdonando a nadie. Las cosas se están viendo como jurisprudencia y el poder judicial lo ha visto desde 2002. Había un vacío que este Congreso ha llenado.
– ¿Y qué dice sobre la aprobación de la reelección de autoridades locales y regionales, así como la eliminación de movimientos regionales, y otras regulaciones políticas?
Bueno, hay tres ideas y cada una tiene implicaciones diferentes. No es una intervención. El Congreso puede legislar sobre cualquier poder del Estado sin ningún problema. Esa es una facultad. No es como dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, que estemos de acuerdo o no es otra cuestión. Los congresos en Perú han impulsado la reforma del sistema de justicia. No existe esa mierda que se llama Junta Nacional de Justicia. ¿Fue hecho? ¿No fue en el Congreso por imposición del señor Martín Vizcarra? Esa es una demostración de que el Congreso ya ha legislado antes sobre determinadas instancias del Estado y eso no significa golpe de Estado ni intervencionismo. Es su función. Ahora, a nivel electoral, estoy de acuerdo con que se eliminen los movimientos regionales. Aquí hay un gran desconocimiento de todos los movimientos regionales. En algunos casos son cascarones que compran los empresarios que pueden ser legales o ilegales para colocar autoridades que luego trabajan en su beneficio. Ese sistema ya había degenerado. Las personas que podían recibir dinero de la minería y de ese o cualquier otro tipo de tráfico se beneficiaban de una ventaja sobre otros candidatos. Entonces eso es algo que había que regular y la gente llega a tal punto sin conocer la ley que ni siquiera sabe que los movimientos regionales o locales, una vez terminado el proceso electoral, desaparecen. Ya no tienen nada que hacer. Por lo tanto, debe haber supervisión de sus militantes, seguimiento, orden, control. No existe porque el movimiento regional simplemente desaparece. Creo que fue una medida necesaria y no debe verse como pretenden los dueños de los movimientos locales y regionales, que es algo en contra de ellos. Lo que se está haciendo es regular la situación.
– ¿Está de acuerdo con sustituir la Junta Nacional de Justicia por la Escuela Nacional de la Magistratura?
Está siendo reemplazado y no olvidemos que la Junta Nacional de Justicia reemplazó a su vez al ex Consejo Nacional de la Judicatura. Y hemos visto durante este tiempo, desde 2019, que no ha funcionado. Ha sido muy cuestionado y politizado. El modelo no funciona y lo dije en el debate de ese momento en la Comisión de Justicia. La estructura, como está diseñado el JNJ, va a llevar al fracaso y el tiempo me da la razón. La estructura está compuesta por una serie de órganos presididos por el Defensor del Pueblo, los Colegios Profesionales, el Poder Judicial, para elegir directamente a jueces y fiscales. Antes, a través del Consejo Nacional de la Judicatura, también existía una división plural, pero era a través de concursos y capacitaciones como se elegían los jueces. Actualmente con este proyecto planea cambiarse a una escuela en la que también se capaciten personas que deseen ingresar a la carrera judicial y obviamente llegarán los mejores. Hoy en día, el JNJ es simplemente una especie de “cazatalentos”. “Envía tu currículum y decidiremos.” No entonces. Tienen que tener un papel mucho más profundo como entidad clave en el sistema de justicia y eso no existía.
– La Corte Suprema evaluará si ordena la prohibición de salida del país por 36 meses contra la exfiscal Nacional, Patricia Benavides. ¿Crees que estaría bien justificado?
Es venganza, es crueldad. Estamos viendo como tanto Susana Villarán como Nadine Heredia pueden irse de viaje cuantas veces quieran y no pasa nada, o la gran cantidad de personas alrededor de Susana Villarán que ya están procesadas y no pasa nada. En este caso específico que estamos viendo de Patricia Benavides lo que hay es ensañamiento político por parte de la Junta Nacional. Esta ya no es de ninguna manera una medida legal que tenga base en el proceso de justicia. Se trata de una medida muy personal, politizada, que busca perjudicar el futuro de la señora Patricia Benavides.
