La Federación Económica de Santa Cruz tuvo que acudir a los tribunales por los aumentos del gas

La Federación Económica de Santa Cruz tuvo que acudir a los tribunales por los aumentos del gas
La Federación Económica de Santa Cruz tuvo que acudir a los tribunales por los aumentos del gas

La Federación Económica de Santa Cruz (FESC) presentó un recurso colectivo de amparo ante la Justicia Federal para frenar los recientes aumentos en las tarifas del gas que afectan a los comercios de la provincia.

La medida, según la FESC, se toma debido a la “falta de justificación” de los incrementos y “distorsiones” de los precios del gas respecto a las referencias internacionales.
El recurso impugna la Resolución N° 41/24 de la Secretaría de Energía de la Nación, que estableció incrementos progresivos en el valor del gas natural al momento de su ingreso al sistema de transporte.

La Federación sostiene que estos nuevos valores superan significativamente el promedio del gas natural respecto de las referencias internacionales, especialmente durante los meses de invierno.

El amparo también critica la Resolución N° 122/24 del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), que establece los cuadros tarifarios para la distribuidora Camuzzi Gas del Sur SA y la subdistribuidora Distrigas SA.

La FESC argumenta que estas tablas tarifarias no cumplen con los principios de protección al usuario, tal como lo reconoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un fallo anterior de 2016.

A la fecha, el caso se encuentra pendiente del dictamen del Ministerio Público, fundamental para que el juez federal decida sobre la procedencia formal del amparo y la medida cautelar solicitada, que busca suspender la aplicación de los nuevos aranceles vigentes desde el 1 Abril de 2024.

La Federación Económica de Santa Cruz, que representa al sector Pyme de la provincia, destaca que la ley que permite estos aumentos, (Ley N° 24.076), fue dictada en 1992 bajo la convertibilidad entre el dólar estadounidense y el peso argentino, sin actualizarla debido. a la inflación.

Con la derogación de la convertibilidad en 2002 y las posteriores devaluaciones, los usuarios quedan desprotegidos frente a las variaciones del tipo de cambio, lo que va en contra de los principios de accesibilidad y racionalidad en la determinación de las tarifas de los servicios públicos.

“Los comerciantes, productores y pequeños industriales de Santa Cruz no pueden seguir soportando aumentos excesivos en un contexto económico ya complicado”, afirmó el vicepresidente encargado de la presidencia de la FESC. “Es necesario proteger a los usuarios de distorsiones tarifarias y garantizar un servicio accesible y equitativo”.

 
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