La Defensoría del Pueblo de Chubut apelará la decisión que rechaza su legitimación activa en la defensa de los derechos colectivos de los chubutenses frente a los aumentos tarifarios.
En un fallo que ha generado polémica y preocupación en la provincia de Chubut, el Juzgado Federal de Rawson ha rechazado el amparo presentado por la Defensoría del Pueblo del Chubut contra aumentos en las tarifas del gas. La titular de la Defensoría del Pueblo, Claudia Bard, anunció que la decisión será apelada para que se reconozca su legitimidad activa en la defensa de los derechos colectivos de los ciudadanos de Chubut.
Rechazo Judicial y Argumentos
La Sentencia Interlocutoria fue emitida por el Juzgado Federal N°1 de Rawson, a cargo del juez Hugo Sastre. El objetivo del amparo fue regular la implementación de las medidas 122 y 41 del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y de la Secretaría de Energía de la Nación, que establecieron aumentos considerables en las tarifas del gas natural en la provincia. Sin embargo, El fallo rechazó la “legitimidad activa” de la Defensoría del Pueblo de Chubut para intervenir en la “defensa activa de los derechos colectivos de los ciudadanos chubutenses”.
Según el fallo, las provincias y municipios sólo pueden crear órganos para actuar dentro de sus respectivas competencias sin invadir las competencias del gobierno federal o de otras provincias o municipios. “Cuando las provincias crean Defensorías del Pueblo locales, sólo pueden crear órganos de control para sus propias administraciones”, señala la resolución judicial. “Ninguna provincia o municipio está facultado para crear un organismo que interfiera en el actuar de la Administración Pública Nacional. Los defensores del pueblo no tienen representación política del pueblo ni son custodios de los derechos del pueblo. “Son órganos de control que las administraciones locales han establecido para controlar la marcha de sus propias administraciones”, concluye la sentencia.
Ante esta resolución, la Defensoría del Pueblo de Chubut emitió un comunicado subrayando la necesidad de defender los intereses de los ciudadanos de Chubut. Bard afirmó que la decisión judicial genera “un estado de indefensión a los ciudadanos de las provincias que ven sus derechos vulnerados por el accionar abusivo del Estado Nacional”. Además, destacó que, en la situación actual, sólo el Defensor del Pueblo Nacional estaría facultado para intervenir en estos casos, cargo que actualmente se encuentra vacante.
La organización confirmó que apelará la resolución del juez Hugo Sastre con la esperanza de que se reconozca su legitimidad activa en la defensa de los derechos colectivos del pueblo chubutense.
Contexto y relevancia del caso
El aumento de las tarifas del gas ha sido un tema de gran preocupación para los vecinos de Chubut y otras provincias argentinas. Las medidas 122 y 41 del ENARGAS y la Secretaría de Energía de la Nación han generado aumentos significativos en los costos del gas natural, impactando fuertemente los hogares y las economías locales. Estos aumentos son parte de una serie de ajustes tarifarios implementados por el gobierno nacional en un intento por equilibrar los costos de la energía y reducir los subsidios.
La Defensoría del Pueblo de Chubut, a cargo de Claudia Bard, ha argumentado que estos aumentos son desproporcionados y afectan negativamente a los ciudadanos, especialmente a aquellos en situación de vulnerabilidad. La apelación de la sentencia busca revertir esta situación y garantizar que los derechos de los chubutenses sean adecuadamente representados y defendidos.
Perspectivas e implicaciones
La resolución de este caso tendrá implicaciones importantes para la provincia de Chubut y potencialmente para otras regiones de Argentina. De prosperar el recurso, podría sentar un precedente significativo en términos de la capacidad de las defensorías provinciales para intervenir en la defensa de los derechos colectivos frente a decisiones del gobierno nacional. Este caso también resalta la necesidad de una coordinación más efectiva entre los diferentes niveles de gobierno para garantizar que las políticas energéticas sean justas y equitativas para todos los ciudadanos.
