Leopoldo Múnera, el favorito entre los estudiantes, es designado rector de la Universidad Nacional – .

Leopoldo Múnera, el favorito entre los estudiantes, es designado rector de la Universidad Nacional – .
Leopoldo Múnera, el favorito entre los estudiantes, es designado rector de la Universidad Nacional – .

Este jueves el Consejo Superior de la Universidad Nacional cambió de rumbo. En sesión extraordinaria, el órgano de ocho miembros anuló la elección de Ismael Peña como rector, y designó en su lugar al profesor Leopoldo Múnera. Dos meses de presiones de la comunidad universitaria y el cambio de uno de los representantes, el de los estudiantes, llevaron a una revisión de la decisión del 21 de marzo. La nueva determinación cuenta con el apoyo del Gobierno de Gustavo Petro, representado en del Consejo, y entrega la rectoría al candidato que hubiera obtenido mayor número de votos en la consulta no vinculante entre estudiantes, profesores y egresados.

La presión era alta. Desde el día de la elección de Peña las clases prácticamente quedaron suspendidas. En medio de las protestas estudiantiles, algunas materias de Medicina y Odontología apenas podían seguir impartiéndose. Cientos de estudiantes afirmaron que su voz no había sido escuchada, una vieja denuncia que se remontaba a consultas anteriores en las que se había planteado una situación similar. La consulta del 11 de marzo había tenido la mayor participación de la historia, impulsada por el anuncio del presidente Gustavo Petro de que, bajo su mandato, se respetaría la democracia en la elección del rector. Múnera obtuvo el 34% del voto ponderado, por delante del doctor Raúl Sastre, que obtuvo el 22,6% de los votos. Peña quedó en un distante tercer lugar, con un 8,3% de apoyo.

Luego, se declararon en huelga para exigir la renuncia del rector designado. El campus se llenó de graffitis, pancartas, arengas y gases lacrimógenos, y grupos de estudiantes tuvieron algunos enfrentamientos con el Escuadrón Antidisturbios de la Policía, ahora llamado UNDMO pero más conocido por su antigua designación, ESMAD. De fondo, además del nombre del rector, estaban las propuestas de Peña para avanzar en las reformas a los códigos estudiantil y docente, así como los cambios al reglamento de posgrado, que para algunos sectores de la comunidad universitaria reflejaron un giro hacia la comercialización de la educación. Consideraron a Peña el candidato de un grupo directivo vinculado a la Facultad de Ciencias que ha tenido el poder y que ha sido acusado de buscar la privatización de la universidad. Pidieron que sea Múnera, un abogado de 66 años con ocho libros publicados, quien ha sido decano de la Facultad de Derecho y vicerrector de la sede Bogotá, quien lleve las riendas de la institución.

Más específicamente, se desató un debate en torno al mecanismo de elección del rector de la universidad pública más representativa del país, fundada en 1867 y con nueve sedes en toda Colombia. Desde el inicio del proceso, el Consejo había optado por utilizar un sistema de votación inédito en aquella elección, aunque creado hace siglos: el método Borda o recuento. En esencia, consiste en que los concejales no voten directamente por su candidato preferido, sino que den puntuaciones que descarten a quienes suscitan mayor resistencia. En este caso se utilizó para separar opciones hasta que solo quedaron dos; luego se votó directamente. El resultado fue que Peña obtuvo 5 votos, contra 3 de Múnera.

En respuesta a la discusión, el Consejo se abstuvo de dar explicaciones; la mayoría de sus miembros habían optado por que la votación fuera secreta, lo que alimentó todo tipo de especulaciones. Los docentes denunciaron que quienes habían elegido a Peña se reunieron con él días antes, en privado, sin invitar a la ministra de Educación, Aurora Vergara, ni a los dos delegados presidenciales, que quedaron en minoría.

Durante semanas reinó el caos: los estudiantes pidieron al Gobierno una respuesta más drástica, que había prometido respetar la voluntad estudiantil; La ministra Vergara no firmó el acta de nombramiento de Peña, exponiéndose a repercusiones legales; Ismael Peña, el elegido, se mostró abierto al diálogo, pero no a ceder en su cargo. “No puedo dar un paso al costado, está en juego la autonomía universitaria”, dijo en una entrevista con EL PAÍS. Pero fue otro hecho el que cambió el equilibrio. La representante estudiantil Sara Jiménez denunció amenazas y renunció a su cargo. Fue reemplazada por Laura Quevedo Álvarez, quien apoyó a Múnera. La mayoría había cambiado.

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En tanto, el 2 de mayo Peña acudió a una notaría con siete testigos para tomar posesión, pese a que no contaba con el aval del ministro ni un documento firmado. Explicó en Caracol Radio que era su obligación hacerlo, para no dejar la Universidad sin representante legal, ya que el mandato de Dolly Montoya había terminado. “Si algún miembro del Consejo o algún ciudadano colombiano tiene alguna duda sobre la legalidad del acto, puede acudir a los tribunales”, dijo. Para el movimiento estudiantil y el Gobierno, fue un autodominio ilegítimo. Varios estudiantes acudieron a otras notarías para tomar posesión como rectores de la Universidad, en una protesta simbólica.

Entonces el Gobierno volvió a intervenir. El 15 de mayo, el Ministerio de Educación, con el titular de la cartera de Cultura, Juan David Correa, como ministro ad hoc, ordenó el nombramiento de un rector encargado de la Universidad Nacional de Colombia. “Se ordena (…) nombrar un rector con carácter transitorio hasta que se adopte una decisión definitiva por parte del Consejo sobre la conducta de autogobierno del señor Ismael Peña”, señala la resolución, que le ha valido a Correa una investigación disciplinaria por la Fiscalía General. Este jueves la mayoría del Consejo Superior acató la orden, y se puso del lado del Gobierno y el movimiento estudiantil.

Peña respondió el jueves por la noche en un comunicado. Dice que emprenderá acciones legales, pero que por el momento acata la decisión del Consejo Superior de la Universidad y entrega el cargo de rector al profesor designado. Insiste en que se trata de una elección “atípica e irregular”, que va en contra de los reiterados llamados de la Fiscalía General, del Consejo de Estado y de un fallo de tutela, por lo que se están cometiendo varios delitos y faltas disciplinarias. “Estas acciones constituyen la violación a la autonomía universitaria más grave que se conoce en nuestra historia republicana”, concluye.

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