Nuevo fallo contra el aumento de tarifas del gas favorece a usuarios del sur de Santa Cruz

SANTA CRUZ.- Es a raíz del amparo presentado por el gobierno provincial en el Juzgado Federal de Río Gallegos. La medida cautelar revoca los aumentos de tarifas para los residentes en el sur de la provincia. Tiene una vigencia de seis meses y ordena a los distribuidores no aplicar aumentos superiores al 300%.

Los usuarios de Río Gallegos, El Calafate, El Chaltén y las localidades de la cuenca no tendrán que pagar los aumentos en las tarifas del gas ordenados por el Gobierno nacional y que alcanzaron porcentajes del 800%.

A inicios de mayo, el Gobierno de Santa Cruz, a través de la Fiscalía del Estado, presentó el amparo en Caleta Olivia que implicaba revertir los aumentos para la zona norte provincial. Ahora, el Juzgado Federal de Río Gallegos falló a favor de la provincia a través de la medida cautelar que también revoca los aumentos tarifarios para la zona sur.

En el mismo acto se notificó al municipio de Río Gallegos la medida favorable para la capital santacruceña.

De esta manera, el juez Federal, Claudio Vázquez, firmó la medida que tiene vigencia por los próximos 6 meses. En su fallo, el magistrado determinó “dar lugar a la medida innovadora interesada por el demandante en relación con el grupo representado –usuarios residenciales del servicio de gas residentes en las localidades que comprenden los Departamentos Lago Argentino, Corpen Aike y Güer Aike del Provincia de Santa Cruz”.

En consecuencia, ordena al Enargas “comunicar inmediatamente esta medida cautelar a las empresas distribuidoras o subdistribuidoras del elemento para que, durante el plazo de 6 meses de su vigencia”.

Esto implicará, por tanto, “abstenerse de aplicar incrementos superiores al 300% respecto al mismo periodo de facturación del año anterior”. El magistrado añade que, “si ya han solicitado y percibido sumas inferiores a ese límite, deberán compensar el excedente en la facturación de los períodos inmediato y posterior”.

El magistrado, entre los argumentos, determinó que “la urgencia radica en el inminente impacto en la calidad de vida de los usuarios del servicio de gas que, ante la imposibilidad de afrontar las nuevas tarifas propuestas, se ven impedidos de obtener dicho servicio público”. .

 
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