Su bajo perfil, su silencio frente al Gobierno tras su salida de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) hace dos meses, se acabó. “Alguien en el Gobierno quiere que vaya al La oficina del fiscal a hacerme preguntas”, avanza Alberto Otárola, quien señala con su dedo acusador a Eduardo Arana, el mismo que tuvo en su gabinete cuando fue premier hasta marzo pasado.
El ex primer ministro ha salido a hablar, a defenderse, a negarlo todo tras el pedido de la Fiscalía General del Estado para que la Fiscalía abra una investigación previa en su contra por la supuesta regulación del Contralor Nelson Shack.
“Quiero condenar esta decisión política del Ministro de Justicia”, dice Otárola, negando cualquier participación en la supuesta regulación y advirtiendo que la Contraloría no presentó ningún documento oficial sobre este incidente.
“Esto de seguir a alguien con tanto trabajo que tenía es una barbaridad”, afirmó el ex primer ministro, a quien la Fiscalía General pide ser investigado por los presuntos delitos de malversación de uso y otros delitos ante denuncias de uso irregular de vehículos y recursos asignados a la Dirección de Inteligencia para supuesto seguimiento a la contraloría.
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Y aunque Otárola advierte que no existe ninguna denuncia formal por este incidente, Perú21 Pudo saber que hay un informe de la oficina de Seguridad que indica un rastreo inusual alrededor de la casa de Shack con vehículos que tenían placas ocultas.
En octubre pasado, el personal de seguridad de Shack identificó vehículos estacionados afuera de la casa del controlador. El funcionario habría advertido a Otárola sobre este supuesto seguimiento y que no respondió a la denuncia.
Durante su gestión en la PCM, Otárola tuvo dos enfrentamientos con la Contraloría. La primera cuando el ente de control alertó sobre la mínima ejecución del presupuesto del Ejecutivo ante el fenómeno de El Niño, situación que el premier desmintió. Semanas antes de su renuncia, la Contraloría detectó que la PCM gastó más de 6 millones de soles en consultoría.
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