Tras semanas de advertencias, Estados Unidos cumplió ayer su promesa y volvió a imponer restricciones a la exportación de petróleo y gas venezolano, en respuesta a lo que considera un incumplimiento flagrante de los compromisos electorales del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
El gobierno de Joe Biden había suavizado estas sanciones en octubre como gesto de buena voluntad y en un intento de alentar a Maduro a cumplir con la hoja de ruta para elecciones democráticas acordada entre el chavismo y la oposición en los Acuerdos de Barbados.
La inhabilitación de la candidatura de María Corina Machado, que arrasó en las primarias opositoras, y el impedimento para registrar a su reemplazante, Corina Yoris, fueron el colmo para Washington.
Sin embargo, la Administración Biden aún no ha tirado la toalla y sigue dispuesta a intentar reconducir el proceso para que las elecciones presidenciales convocadas para el 28 de julio cuenten con un mínimo de garantías democráticas.
El término
Como se anunció ayer, el Departamento del Tesoro no renovará la Licencia General 44, que expiró anoche y que desde hace seis meses permite a empresas extranjeras operar en el sector petrolero y gasífero venezolano.
Las empresas tienen un plazo de 45 días, hasta el 31 de mayo, para cerrar de manera ordenada todas las actividades que tenían bajo esta normativa.
Las restricciones no afectan en modo alguno a las operaciones en Venezuela de la empresa estadounidense Chevron, que cuenta con una licencia especial desde 2022, cuando la guerra en Ucrania trastocó el mercado mundial del crudo.
Nuevo capitulo
El fin del alivio marca un cambio de política para la Administración Biden. El regreso de las sanciones había generado debate dentro del Gobierno demócrata ante la posibilidad de que provocaran un aumento de la migración a Estados Unidos y un aumento de los precios de la gasolina, pero pesó más la opción de dar una respuesta contundente al presidente venezolano.
Estados Unidos considera que el chavismo ha cumplido algunos compromisos electorales, como actualizar el registro de votantes, avalar misiones de observación electoral e intercambiar prisioneros, entre ellos Alex Saab, presunto testaferro de Maduro.
Pero la Justicia venezolana ha mantenido la inhabilitación que pesa sobre la opositora María Corina Machado y las autoridades impidieron el registro de su alternativa, Corina Yoris, lo que provocó incluso críticas de los gobiernos de Colombia y Brasil, aliados de Maduro con quienes Washington ha tenido estrecha contactos.
