El Supremo analiza dos delitos que se le imputan a Trump por no admitir su derrota de 2020

El Supremo analiza dos delitos que se le imputan a Trump por no admitir su derrota de 2020
El Supremo analiza dos delitos que se le imputan a Trump por no admitir su derrota de 2020

Donald Trump sigue marcando el rumbo judicial en la Corte Suprema de Estados Unidos. Varios de los casos de mayor importancia política y constitucional lo tienen como protagonista, unas veces de forma directa y otras de forma indirecta. Este martes, mientras se calienta el primer juicio penal contra el expresidente en un tribunal de Manhattan, en Nueva York, los nueve jueces del Tribunal Superior celebran una audiencia en la que se analizan los alcances de dos delitos imputados a Trump en el caso federal por intento de asesinato. fraude electoral tras las últimas elecciones presidenciales, celebradas en noviembre de 2020. Aunque no es estrictamente parte en la audiencia, lo que decidan los jueces puede exonerarlo de estas acusaciones. Además, el caso es decisivo para las responsabilidades penales por el asalto al Capitolio ocurrido el 6 de enero de 2021.

La Corte Suprema tiene una supermayoría conservadora de seis a tres entre sus miembros. Tres de sus jueces fueron nombrados por el propio Trump cuando era presidente. Los jueces ya dictaminaron el 4 de marzo que la decimocuarta enmienda de la Constitución, sobre la inhabilitación en casos de insurrección, no le impedía presentarse a las elecciones. Además, este tribunal tiene sobre la mesa un recurso de apelación en el que el expresidente reclama inmunidad. Hay más casos vinculados al republicano que pueden escalar hasta la cumbre judicial.

Por lo pronto, la Corte Suprema escuchará los alegatos orales del caso este martes Joseph Fischer contra Estados Unidos, en el que un acusado de participar en el asalto al Capitolio pide protección. Lo que está en juego en este proceso judicial es la validez del delito de obstrucción de un procedimiento oficial aplicado a la insurrección de enero de 2021, que impidió al Congreso proceder con normalidad con la certificación de la victoria electoral de Joe Biden contra Trump en las elecciones de noviembre de 2020.

En el caso de Fischer, un ex oficial de policía de Boston, el juez de distrito inicialmente estuvo de acuerdo con su solicitud de desestimar el cargo de obstrucción. El magistrado interpretó que para imponer una pena por obstruir un procedimiento oficial, con la sesión en el Congreso ratificando la victoria de Biden, la ley exige haber tomado “alguna acción respecto de un documento, expediente u otro objeto”. Ante la decisión de este juez, el Departamento de Justicia apeló ante la corte de apelaciones del Distrito de Columbia, la cual dijo que el artículo debía aplicarse en el caso de Fischer.

El delito de obstrucción está regulado en el código penal de Estados Unidos en el artículo 1512 del Código 18 de Estados Unidos, que indica en su letra (c)(2) que “quien corruptamente obstruya, influya o impida cualquier procedimiento oficial, o intente hacerlo, será multado bajo este título o pena de prisión no mayor a 20 años, o ambas.”

La letra de ese artículo específico de la ley, considerada de forma aislada, parece encajar claramente con lo ocurrido en el asalto al Capitolio. El problema de interpretación se hace evidente cuando se observa que prácticamente todo el artículo pretende sancionar a quien boicotee u obstruya una investigación de diferentes formas, desde asesinar a un testigo hasta ocultar pruebas.

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De hecho, el titular de esa disposición es: “Injerencia en un testigo, una víctima o un informante”. Ese artículo también fue aprobado como parte de la ley Sarbanes-Oxley de 2002, destinada a perseguir los delitos de cuello blanco. En el original en inglés también hay varias palabras que dejan margen a la interpretación.

La pregunta que el Tribunal Supremo ha aceptado responder es la siguiente: “¿Se equivocó el Tribunal Supremo? [Tribunal del] ¿El Circuito del Distrito de Columbia al interpretar 18 USC § 1512(c) (‘Interferencia con testigos, víctimas o informantes’), que prohíbe la obstrucción de investigaciones y consultas del Congreso, para incluir actos no relacionados con investigaciones y pruebas? ”.

En el caso de Washington contra Donald Trump por intentar alterar el resultado electoral de las elecciones de 2020, dos de los delitos que se le imputan dependen de la respuesta a esa pregunta. En el pliego de cargos de ese caso, que fue la tercera acusación contra Trump, el fiscal le imputa cuatro delitos: conspiración para defraudar al Gobierno estadounidense, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción o intento de obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración para violar derechos civiles. . Aunque Trump no es acusado directamente del asalto al Capitolio, sus maniobras buscaron obstruir la certificación de la victoria de Biden de diversas formas, por lo que el segundo y tercer crimen dependen de lo que diga la Corte Suprema en este caso. .

La acusación de Trump en el procedimiento de Washington por injerencia electoral depende también de lo que decida el Tribunal Supremo en relación a la inmunidad que el expresidente dice tener y que los tribunales inferiores le negaron. Para el próximo 25 de abril está prevista la audiencia de presentación de alegatos orales sobre inmunidad. La decisión afectaría los cuatro delitos imputados en dicho caso. Este recurso ha retrasado indefinidamente el juicio, que debería haber comenzado el mes pasado y que ahora está paralizado, con la posibilidad de que no se celebre antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, que volverán a enfrentar a Biden y Trump. .

la sentencia de caso fischer, que se espera para junio, afectará a decenas de condenados por el asalto al Capitolio. Al menos 353 acusados ​​han sido acusados ​​de obstruir, influir o impedir de manera corrupta un procedimiento oficial, o de intentar hacerlo, según un recuento reciente del Departamento de Justicia. Es una de las figuras criminales más utilizadas para perseguir a quienes atacaron el Capitolio. En total, casi 1.400 personas han sido acusadas de delitos federales derivados de los disturbios. Un total de 791 personas se han declarado culpables de diversos cargos federales, muchas de las cuales enfrentaron o enfrentarán penas de prisión al momento de la sentencia, y otras 193 han sido declaradas culpables en los juicios.

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