Río de Janeiro, 10 abr (.).- La Fiscalía General de Brasil pidió a la Justicia anular la concesión de cuatro áreas de explotación de gas y petróleo en la Amazonía brasileña cuya actividad impactaría “potencialmente” seis tierras indígenas y al menos 11 unidades de conservación , informó la entidad este miércoles.
La acción fue interpuesta contra el Estado y la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural (BME) y Biocombustibles (ANP, regulador), que impulsaron la subasta, y contra las empresas Atem Distribuidora y Eneva, que adquirieron el derecho de explorar las áreas. .
Según el Ministerio Público, las comunidades indígenas no fueron consultadas sobre los posibles efectos de la explotación de hidrocarburos en sus territorios antes de otorgar las concesiones.
La Procuraduría pide suspender la aprobación y firma de contratos de concesión y prohibir a las empresas realizar actividades exploratorias hasta que se consulte a las comunidades.
Además, la Fiscalía propone una indemnización de 7,8 millones de reales (1,56 millones de dólares/1,4 millones de euros), equivalente al bono total ofrecido por los bloques.
En un comunicado, el Ministerio Público recordó que desde 2015 recomienda a la ANP retirar de las subastas las áreas ubicadas en la cuenca amazónica cuya explotación “tiene el potencial de dañar el medio ambiente y las comunidades aledañas”.
Las cuatro áreas subastadas están ubicadas en el estado de Amazonas, en áreas de influencia directa de las tierras indígenas Coatá-Laranjal, Gavião, Lago do Marinheiro, Ponciano y Sissaíma, afectando también parcialmente tierras reclamadas por el pueblo indígena Maraguá, cuyo proceso de delimitación está en marcha.
La Fiscalía señala que permitir la exploración de lugares cercanos a tierras indígenas, especialmente cuando uno de ellos está pendiente de demarcación, “significa crear una situación de inseguridad jurídica” para todos los involucrados, ya que puede derivar en nuevos conflictos por la propiedad.
También destaca los impactos que se producen incluso antes de las extracciones, ya que el proceso implica realizar muchas perforaciones hasta encontrar el lugar exacto para la explotación, “lo que ya significa una intensa interferencia ambiental”.
En su argumentación, la institución destaca que explotaciones de este tipo generan efectos sociales y especulativos que cambian toda la dinámica de la región, “aumentando la presión sobre los territorios y, en consecuencia, facilitando el camino para el acaparamiento de tierras y las invasiones”. “.
