Numerosas noticias revelan la acelerada descomposición del sistema sanitario y alertan del caos y sufrimiento que sufrirán millones de personas, especialmente los más pobres, debido a las decisiones del Gobierno encaminadas a derribar las instituciones que gobernaron durante 30 años.
Hace unas semanas, el ministro Jaramillo anunció a los cuatro vientos que el sistema de salud para los docentes iba a ser un adelanto de lo que sería el régimen estatizado propuesto por el Gobierno para todos los colombianos. Y, en realidad, tenía razón. Se ha producido un lío colosal: no hay citas, no se programan trámites, nadie da ninguna razón para atender a los profesores enfermos. Además de culpabilizaciones a funcionarios, incumplimientos y anuncios que no resuelven nada, circulan rumores de contratos con clanes políticos cercanos al régimen.
Mientras esto sucede, en toda Colombia crece la escasez de anestésicos y numerosos medicamentos esenciales.
Por si fuera poco, lo que queda del sistema de salud sigue desmoronándose. Cada día crecen los déficits de las EPS que aún sobreviven en medio de crecientes dificultades para atender a sus pacientes. La consultora Sectorial estima que el Gobierno adeuda a las EPS $11,400 millones de años anteriores y que sólo en 2024 acumularán un nuevo déficit de $7,400 millones.
De esta manera, el martes pasado Sura, una EPS con cinco millones de afiliados, solicitó autorización para retirarse del régimen de salud. Esta decisión, similar a la que tomó Compensar hace unas semanas, tiene origen en la asfixia financiera a la que fueron sometidos por parte del Gobierno, que les causó cuantiosas pérdidas y borró su patrimonio. Por lo tanto, simplemente no pudieron seguir operando.
En palabras de Sura: “Si bien la cobertura ha aumentado en los últimos años, los recursos asignados a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) no son suficientes. Además, los presupuestos máximos para lo que no está incluido en el plan de beneficios de salud tampoco cubren las necesidades”. Sura tuvo pérdidas por más de $300.000 millones entre 2022 y 2023, y este año, de permanecer en el sistema, ascenderían a cerca de $500.000 millones.
El proyecto de ley del entonces ministro Corcho, que fue negado en el Congreso, buscaba precisamente eliminar las EPS y nacionalizar la salud en Colombia. La nueva versión del proyecto, del ministro Jaramillo, es prácticamente idéntica a la norma rechazada, no resuelve ninguno de los problemas del sector y amenaza la salud de los colombianos. La cosmética propuesta de convertir a las EPS en gestoras de salud, resultado de una negociación desigual con estas entidades, bajo la amenaza de una intervención, nunca formó parte de un proyecto viable para preservar la salud de los colombianos.
El plan del Gobierno, en realidad, ha sido que las EPS mueran y que todos los pacientes del país se concentren en las Nuevas EPS o en el propio Ministerio de Salud. Esto reviviría, de alguna manera, el extinto Instituto Colombiano de Seguridad Social. A partir de entonces todo sería oscuro, caótico e impredecible. Se prevé que, en manos de una burocracia torpe, politizada e inexperta, millones de colombianos sufrirán el mismo abandono que sufren hoy los docentes colombianos. Ideología, por encima de la salud y la vida.
