En medio de tensiones por los recortes de gastos y la motosierra, el ministro Luis Caputo recibió este jueves a empresas generadoras de electricidad y productoras de gas y les ofreció un pago de 600 millones de dólares con un bono hasta 2038, pero La mayoría de las empresas no lo aceptaron y seguirán negociando.
La oferta fue por la deuda generada durante la gestión de Javier Milei, entre diciembre y enero pasadosy no para los meses de octubre y noviembre de 2023, ni para febrero de 2024, ya que este mes se contabilizaría como un nuevo flujo de pago.
Caputo ofreció a las empresas de energía pagar con un bono
Las empresas generadoras de electricidad consideraron “inaceptable” la oferta, pues exigen 1.300 millones de dólares, mientras que las petroleras productoras de gas, como YPF y PAE, se inclinaron por aceptar el bono dado que la deuda de 900 millones de dólares tiene menor impacto en el negocio global de esas empresas.
Pampa Energía y AES informaron a la CNV previo a esta oferta que su situación financiera se complicaría en el mediano plazo.
Se utilizaría para esta operación. el bono AE38, con vencimiento en 2038, por 600.000 millones de dólares y sin intereses, con una tasa interna de retorno del 17%. También ofreció un bono vinculado al dólar a dos años, con un descuento del 50%.
El AE38 tiene un precio de 53,30 dólares, pero Caputo espera llegar a los $80 y bajar el riesgo país, lo que reduciría el recorte con el bono de alta liquidez.
Caputo se reunió con empresas de gas y energía para ofrecerles un bono en compensación por la deuda que mantiene el Gobierno.
En la reunión participaron los directores de YPF, Pampa Energía Tecpetrol, Pluspetrol, PAE, Total Energies, Compañía General de Combustibles (CGC), AES, Central Puerto, Genneia, MSU, Albanesi y Capsa, entre otras.
Por deuda de Cammesa, la crisis energética es inminente
Ahora los productores de gas y generadores de energía también tienen dudas sobre los pagos de energía de febrero, marzo y abril, que se pagarán a partir del 10 de mayo. Los analistas energéticos del sector temen una fuerte crisis energética por la falta de generación eléctrica por falta de pago por parte del Estado. .
Por otro lado, existe el riesgo de que muchas empresas invoquen la inseguridad jurídica e inicien demandas en tribunales internacionales porque pueden hacer cumplir sus contratos.
En el caso de la energía eléctrica, la deuda la mantiene la Empresa Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa), que es el mayorista que compra la energía a los generadores y la vende a las distribuidoras, quienes por otro lado mantienen una deuda por la falta de pago de miles de usuarios por aumentos en las facturas. Además, las distribuidoras Edenor, Edesur y Edelap reclaman al Gobierno una deuda por el congelamiento de tarifas que también ronda los 2 mil millones de pesos.
Con los productores de gas la deuda es de US$ 900 millones bajo el Plan Gas y comenzó a acumularse a mediados de 2022. Las grandes eléctricas se financian con préstamos de bancos internacionales y esta semana las empresas Pampa Energía y la multinacional estadounidense AES informaron a la Comisión Nacional de Valores (CNV) de su situación. Pampa Energía indicó que el Estado le debe $133.191 millones. AES, por su parte, reclamó obligaciones por $37.483 millones. Las empresas aseguraron que por ahora no tienen problemas de liquidez pero que si las deudas continúan podrían tenerlos.
Cammesa opera como intermediaria: compra gas a las petroleras y a Enarsa (importa); lo revende a generadores de electricidad; Compra la energía y la revende a los distribuidores.
En medio del conflicto, Edenor y otras distribuidoras exigen el pago de deudas por el congelamiento de tarifas.
La empresa mayorista obtiene sus ingresos del pago de energía de las distribuidoras Edenor, Edesur y otras, a través del pago a los usuarios, y de los subsidios que otorga el Estado para ahorrar en la tarifa a los usuarios.
Cuando el Gobierno de Milei decidió eliminar los subsidios, los distribuidores no tenían las tarifas que declararon que necesitaban y deudas acumuladas con Cammesa por $922.298 millones. Edenor y Edesur exigen al Gobierno incumplir el contrato de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) 2017-2021 con congelamientos de tarifas, por lo que exigen una deuda cercana a los $2 mil millones, que aumentaría aún más el déficit fiscal de pagarse.
