Un indicador muy sensible para evaluar el compromiso político de un gobierno es su acción real contra la violencia de género. Un año después del cambio de Gobierno regional, es necesario evaluar la situación de esta materia en La Rioja. …
Voy a destacar el incumplimiento de algunas de sus medidas obligatorias más significativas. El Observatorio de Violencia de Género de La Rioja, destinado a la coordinación institucional y el seguimiento de la acción pública, no se ha reunido ni una sola vez durante este Gobierno (deberá hacerlo al menos dos veces al año). Este es el organismo que debe aprobar la Estrategia Rioja contra la Violencia de Género, que hasta hoy, por tanto, no existe. El Observatorio cuenta con la participación de asociaciones especializadas directamente involucradas en la lucha contra la violencia de género. Participación que no ha sido posible, incumpliendo así un principio democrático básico.
Esta Ley contempla un amplio abanico de medidas para la formación profesional del personal de los servicios públicos (educación, sanidad, servicios sociales, empleo, igualdad y justicia), que deben ser impartidas por personal cualificado dentro de una estrategia organizada. No se realiza.
No se han puesto en marcha centros municipales de apoyo a la mujer para ofrecer atención integral especializada a nivel local, accesible especialmente a las mujeres más vulnerables. La Ley contempla medidas específicas dirigidas a la atención a mujeres con mayores dificultades (con problemas de salud mental, migrantes, personas con discapacidad, en situación de exclusión u otras) que tampoco se han desarrollado. Hay que sumar la ausencia de un enfoque interseccional en las pocas acciones desarrolladas, imprescindible si queremos atender a las mujeres con mayores dificultades de manera equitativa y eficaz. La ausencia de estos centros de apoyo municipales profundiza aún más la inequidad territorial en el acceso a la atención especializada.
El cambio de gobierno regional ha supuesto un cambio radical en la atención que se ha prestado a la violencia de género desde Seris. El profesional que llevaba 22 años desempeñando la tarea de coordinar y promover esta atención fue despedido en otoño sin explicación alguna. Dato elocuente, reflejo de una manera de hacer política. Más aún teniendo en cuenta que la actuación llevada a cabo hasta entonces había merecido reconocimientos y premios a nivel estatal y estaba siendo un referente avanzado para los servicios sanitarios en otras comunidades autónomas.
Tras este cese, muchos proyectos emblemáticos han quedado paralizados. Algunos de los más relevantes son: la Estrategia de Buen Trato, la poderosa red de referentes (unas 100 personas) contra la violencia de género (VBG) existente en todos los centros de salud y en los servicios especializados de los hospitales públicos, la Semana de Detección contra la VBG, la Protocolo para atender el impacto de la VBG en menores de edad de mujeres víctimas de VBG, la planificación estructurada de capacitaciones y acciones del personal, el funcionamiento de la comisión técnica contra la VBG, la implementación de los protocolos de detección de VBG en el embarazo o violencia sexual o prevención y promoción en colegios e institutos… y un lamentable largo etcétera.
En estos meses también ha desaparecido la figura del abogado del Centro de Asesoría a la Mujer, presente desde los años 80 del siglo XX, lo que supone indefensión para las mujeres. Tampoco hay personal adecuado para el Centro de Crisis por Violencia Sexual que se inaugurará este año.
El actual gobierno regional quiere impulsar una estrategia para redirigir la atención en VG a las Oficinas de Atención a Víctimas del Delito, judicializando la atención, alejándose de las necesidades de las mujeres, que prefieren servicios de proximidad (centros de servicios sociales o de salud) que respeten sus largos procesos. a menudo lejos de la denuncia y de los tribunales, en un entorno confidencial y seguro. Oficinas de Atención a las Víctimas que, por cierto, están gestionadas por una empresa privada.
Los responsables políticos de la violencia de género en el Gobierno regional están aplicando medidas que cada día se alejan más de las recomendaciones de la evidencia científica. Ya sea por incompetencia o mala fe, los inhabilita como servidores públicos. La Rioja tuvo en 2023 la tasa de VG más alta de España, un asunto gravísimo. [ Nota del editor: el primer trimestre de 2024 ha registrado una caída del 12,6% de casos respecto a enero-marzo de 2023 para pasar de 231 denuncias hace un año a 202 en el último período estudiado, según el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer]
Es urgente cambiar radicalmente de rumbo o aumentará el sufrimiento de las mujeres, los menores y su entorno familiar y social. Los ciudadanos y el sector profesional debemos frenar esta deriva alarmante en materia de igualdad y violencia, promovida descaradamente por una extrema derecha desenfrenada en Europa, que socava nuestros derechos y libertades.
